La exdelegada del Gobierno en Ceuta será juzgada por la expulsión de 55 menores migrantes
La magistrada propone que la funcionaria y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí sean juzgadas por el presunto delito de prevaricación administrativa continuada.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta ha acordado continuar con los trámites, y proceder a la fase de juicio oral, contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí, María Isabel Deu, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada a raíz de la deportación masiva de 55 menores migrantes no acompañados (mena).
Según el auto de la magistrada, ambas habrían obviado de forma “grosera” y “flagrante” ceñirse a lo estipulado en la Ley de Extranjería, tras expulsar a los jóvenes migrantes sin el debido procedimiento en agosto del año pasado, pese a que ingresaron a España en medio de la crisis fronteriza con Marruecos entre el 17 y el 18 de mayo de 2021.
La magistrada señala que la exdelegada habría actuado como autora principal, mientras que la vicepresidenta habría fungido como cooperadora necesaria para expulsar a los menores marroquíes de España. Por ello, la jueza ha dado unos 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen por escrito la solicitud para llevar la causa a la fase oral o, por el contrario, su archivo.
Según el auto, Mateos “prescindió absolutamente del procedimiento establecido, aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos una parte de los menores que habían ingresado irregularmente a España, por lo que “decidió repatriar por la vía de hecho” a los jóvenes. La magistrada entiende que el procedimiento no fue el correcto, porque además de otras razones se prescindió de la “preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”.
Deu, que renunció a sus competencias sobre menores en julio para pasarse a la Presidencia, “se hallaba de acuerdo” con la otra investigada para “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas” de los trámites administrativos necesarios y del procedimiento establecido en el marco jurídico español, que nunca debió haber sido presuntamente violado pese a la crisis fronteriza de mayo de 2021.
Según la jueza, además de la individualización de cada caso y el estudio de la vulnerabilidad de los jóvenes expulsados, caracterizada por su condición de migrante menor de edad sin acompañante, se obviaron los intereses del menor del, sus derechos a la representación de un letrado, a una audiencia e incluso la asistencia a través de un intérprete.
“Como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo Hispano-marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso”, añade la jueza. @mundiario