La exdelegada del Gobierno en Ceuta será juzgada por la expulsión de 55 menores migrantes

Un grupo de menores marroquíes en Ceuta. / @patucafvicens
Un grupo de menores marroquíes en Ceuta. / @patucafvicens

La magistrada propone que la funcionaria y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí sean juzgadas por el presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

La exdelegada del Gobierno en Ceuta será juzgada por la expulsión de 55 menores migrantes

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta ha acordado continuar con los trámites, y proceder a la fase de juicio oral, contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí, María Isabel Deu, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada a raíz de la deportación masiva de 55 menores migrantes no acompañados (mena).

Según el auto de la magistrada, ambas habrían obviado de forma “grosera” y “flagrante” ceñirse a lo estipulado en la Ley de Extranjería, tras expulsar a los jóvenes migrantes sin el debido procedimiento en agosto del año pasado, pese a que ingresaron a España en medio de la crisis fronteriza con Marruecos entre el 17 y el 18 de mayo de 2021.

La magistrada señala que la exdelegada habría actuado como autora principal, mientras que la vicepresidenta habría fungido como cooperadora necesaria para expulsar a los menores marroquíes de España. Por ello, la jueza ha dado unos 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen por escrito la solicitud para llevar la causa a la fase oral o, por el contrario, su archivo.

Según el auto, Mateos “prescindió absolutamente del procedimiento establecido, aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos una parte de los menores que habían ingresado irregularmente a España, por lo que “decidió repatriar por la vía de hecho” a los jóvenes. La magistrada entiende que el procedimiento no fue el correcto, porque además de otras razones se prescindió de la “preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”.

Deu, que renunció a sus competencias sobre menores en julio para pasarse a la Presidencia, “se hallaba de acuerdo” con la otra investigada para “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas” de los trámites administrativos necesarios y del procedimiento establecido en el marco jurídico español, que nunca debió haber sido presuntamente violado pese a la crisis fronteriza de mayo de 2021.

Según la jueza, además de la individualización de cada caso y el estudio de la vulnerabilidad de los jóvenes expulsados, caracterizada por su condición de migrante menor de edad sin acompañante, se obviaron los intereses del menor del, sus derechos a la representación de un letrado, a una audiencia e incluso la asistencia a través de un intérprete.

“Como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo Hispano-marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso”, añade la jueza. @mundiario

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