España ante el espejo: el preocupante ascenso de la lgtbifobia
En 2025, ser parte del colectivo LGTBI+ en España sigue siendo una cuestión de valentía. Lejos de avanzar hacia una convivencia plena e igualitaria, el país parece deslizarse hacia una espiral peligrosa de intolerancia, así lo advierte el informe Estado del Odio 2025, elaborado por la consultora 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, cuyos datos no dejan lugar a dudas: la lgtbifobia no solo persiste, sino que crece de forma alarmante.
Una de cada cinco personas del colectivo ha sido acosada en el último año, y el 42,5% ha experimentado situaciones de odio. Más grave aún: las agresiones físicas y verbales han aumentado casi diez puntos respecto al estudio anterior, afectando ya a un 16,25% del colectivo. Traducido en cifras humanas, estamos hablando de más de 800.000 personas agredidas. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, convivamos con estos niveles de violencia y discriminación sin una respuesta institucional firme?
El odio no surge de la nada. Se cultiva, se alimenta y se amplifica. Y hoy, lamentablemente, encuentra altavoces poderosos en discursos políticos que banalizan o directamente legitiman la violencia simbólica contra las personas LGTBI+. Esta narrativa crea el caldo de cultivo perfecto para que se normalicen actitudes intolerantes, se silencien a las víctimas y se mire hacia otro lado cuando alguien es humillado, golpeado o excluido simplemente por ser quien es.
La calle sigue siendo el principal escenario de estas agresiones, seguida de centros educativos, espacios de ocio, el entorno familiar y el laboral. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestros jóvenes en el aula o de nuestros compañeros en el trabajo? El caso de la influencer Shannis, agredida en plena Feria de Sevilla, o del concejal Víctor Sáez, atacado en un local de comida rápida, son solo la punta del iceberg de una violencia que se reproduce a diario y con impunidad.
La radiografía del odio
La infradenuncia es otro síntoma de esta desprotección: el 46% de las víctimas no acude a las autoridades. No lo hacen porque temen no ser creídas, porque piensan que no servirá de nada, o porque el proceso es, en sí mismo, una nueva forma de violencia. ¿Qué mensaje lanza el sistema cuando quien denuncia se siente tan vulnerable como quien calla?
En los pueblos pequeños, la situación se agrava. Allí, el aislamiento, la falta de recursos y la visibilidad forzada convierten la vida de muchas personas LGTBI+ en un reto constante. “Te cuestionan mucho, se sufre transfobia a diario”, lamenta Mai Gorka desde un pequeño municipio navarro. Esta realidad evidencia que la lucha por la igualdad no puede reducirse a proclamas urbanas: debe ser una política pública transversal, con presencia en todos los rincones del país.
El informe no solo describe una radiografía del odio: señala con claridad las carencias estructurales. Faltan recursos, formación, voluntad política y una legislación que actúe con firmeza contra los discursos que deshumanizan. La presidenta de la Felgtbi+ lo resume bien: “Sin formación en derechos humanos y sin una legislación contundente, seguiremos sumando víctimas”.
Ahora bien, no se trata solo de proteger al colectivo LGTBI+, sino de proteger los valores democráticos más fundamentales: la dignidad, la igualdad, la libertad. Urge un Pacto de Estado contra la lgtbifobia que supere colores políticos, que blinde los derechos conquistados y que actúe allí donde más se necesita: en las aulas, en las calles, en los pueblos, en las redes sociales y en los medios de comunicación. @mundiario