El Gobierno deniega el asilo al 94% de los rescatados en el puerto de Valencia en 2018

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Los inmigrantes africanos en el Puerto de Valencia / El País.
Entre los rescatados por el Aquarius había, sobre todo, sudaneses, nigerianos, eritreos y argelinos, además de otras 21 nacionalidades más
El Gobierno deniega el asilo al 94% de los rescatados en el puerto de Valencia en 2018

La política migratoria del Estado español se hace cada vez más restrictiva, y aunque no sigue la estela de Estados Unidos, sí mantiene características similares a las restricciones de asilo a los inmigrantes que tratan de entrar al país por vías ilícitas.

Y es que el Gobierno ha procedido a denegar el asilo a prácticamente todos los rescatados por el Aquarius, el buque que atracó en el puerto de Valencia en junio de 2018, un hecho que sentó un hito histórico en la crisis migratoria y de refugiados que azota a Europa desde 2015.

Tras la mediática recepción de los 629 migrantes que Italia se negó a desembarcar, finalmente 376 de ellos formalizaron su solicitud de asilo en España, pero chocaron contra el muro de contención de la administración de Pedro Sánchez, que no soportaría la enorme y pesada carga fiscal de atender a una población de inmigrante con demandas sociales que el Ejecutivo ya debe atender a como dé lugar para los propios españoles.

Casi dos años después, se han analizado apenas 62 casos y solo cuatro han obtenido la protección como refugiados, según divulgados por el Portal de Transparencia. Medio centenar de solicitudes han sido rechazadas y ocho archivadas, detalla el medio.

Entre los rescatados por el Aquarius había, sobre todo, sudaneses, nigerianos, eritreos y argelinos, además de otras 21 nacionalidades más, que salieron de Libia y fueron rescatados en el Mediterráneo Central. Este flujo migratorio deriva de las crisis y anarquías que tienen lugar en el África subsahariana producto de la expansión del terrorismo, el paramilitarismo y los gobiernos dictatoriales-hegemónicos en ese eje de naciones africanas.

El grupo, recibido en el puerto de Valencia por 2.300 personas —entre traductores, policías y asistentes sociales—, tuvo un trato preferencial por parte de las autoridades. Contaron con un permiso de residencia de 45 días para realizar sus trámites sin riesgo a ser expulsados y se les dio prioridad para que presentaran sus solicitudes y entrasen en el sistema de acogida, de acuerdo con reportes de la prensa local. @mundiario

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