¿Es viable una ley anticovid en España para frenar los brotes?
Algunos expertos en salud pública y juristas urgen una norma que se adapte a la situación de pandemia. Por ahora, el confinamiento pareciera ser la única medida para combatir la Covid-19.
En España los nuevos contagios de coronavirus no cesan, este lunes se reportaron cerca de 1.500 notificados, hay 675 brotes activos y la transmisión comunitaria es un hecho en varias ciudades, como por ejemplo en Zaragoza y Barcelona.
Las comunidades se las ingenian para intentar contener el avance con confinamientos selectivos, pruebas masivas, cierre de locales con alto riesgo de transmisión. De momento no hay una ley de salud pública que les ofrezca mayor margen de maniobra frente a la Covid-19.
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Este lunes, el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, exigía “herramientas jurídicas homogéneas” para arbitrar una respuesta común entre las comunidades. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, “las herramientas legales que tienen las comunidades parecen suficientes” y están logrando contener el virus.
Expertos en salud pública y juristas urgen una norma que se adapte a la situación de pandemia. El confinamiento pareciera ser la única medida para combatir la Covid-19, sin embargo, ese encierro domiciliario de la pasada primavera logró frenar el virus, pero impactó de manera negativa en la economía de España.
Las comunidades se encaminan con los cierres perimetrales de varios municipios o la prohibición del ocio nocturno. Cataluña confinó Lleida y varios municipios colindantes para frenar un foco comunitario descontrolado. En Murcia la situación fue similar en Totana y Castilla y León, en los municipios de Íscar, Pedrajas de San Esteban y Aranda del Duero; Extremadura cerró Villarta de los Montes.
En España existen dos grandes normas de salud pública: la ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Salud Pública de 2011, ambas permiten que se tomen medidas de control de personas enfermas o sus contactos en pro de la salud pública. Julián Domínguez, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), ha considerado que la mejor medida es reducir la movilidad y la interacción social.
Alberto Infante, director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud entre 2004 y 2010, considera que esta legislación tiene un espíritu pensado para actuar de manera reactiva: pero en la pandemia hay que anticiparse y con esta legislación no se puede, concluye.
El tema no tiene antecedentes, es algo novedoso, por lo cual es difícil tomar decisiones, considera Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
En resumen, para los expertos en salud pública y los juristas a corto plazo, no hay mucho más margen de maniobra que lo que ya se está haciendo. “Hace falta un instrumento jurídico para aplicar las normas. Para el futuro, habría que pensar en una ley orgánica”, valora Domínguez. Ahora bien, Fernando Simón tampoco descarta que en medio de la crisis por los brotes, el Gobierno se vea forzado a tomar medidas más drásticas o que superen el ámbito competencial que tienen las comunidades, incluso pedir el estado de alarma, en una zona concreta, o más generalizado. @mundiario
