La empresa española Ecoener-Hidralia abandona definitivamente Guatemala
Una lucha incansable de organizaciones ambientalistas y un grupo de indígenas hicieron que la multinacional europea renunciara a la construcción de una represa.
En la unión está la fuerza. Tras una larga lucha y la recolección de más de 23.000 firmas, la empresa española Ecoener-Hidralia desistió el proyecto de construir una presa en el río de la comunidad indígena Cambalan, en Guatmala. Una iniciativa que ha provocado graves conflictos: persecuciones, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. Gracias al arduo trabajo de Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y colectivos del país centroamericano hoy la comunidad originaria celebra la renuncia de la empresa europea para construir esa infraestructura.
Señala una reseña digital que la empresa ya había paralizado las obras hace meses en el departamento de Huehuetenango, así como retirado los cargos contra los líderes indígenas que fueron denunciados y encarcelados por rechazar la implantación de la hidroeléctrica en un territorio de gran valor ambiental, considerado sagrado por los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’. Sin embargo, no había renunciado oficialmente a la concesión, por lo que las comunidades temían su regreso en el futuro.
Las organizaciones exigen que la empresa cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio, a través de alguna de sus filiales
En un comunicado de la empresa, publicado en medios de Guatemala, reconocen que el proyecto “no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los que pretendía instalarse”. Ecoener-Hidralia entró en Guatemala en el año 2007 con la intención de construir un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas. La empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella. Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega.
Según la investigación realizada por Alianza por la Solidaridad, la hidroeléctrica no aportaba ninguna mejora a las comunidades afectadas: ni en empleo, ni en servicios, ni beneficios sociales o medioambientales y, además, desde su nacimiento estaba inmersa en una controversia jurídica y social que arroja grandes sombras sobre el proyecto. Para Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra esta renuncia pone de manifiesto la importancia de apoyar las reivindicaciones de los pueblos indígenas frente a la llegada de transnacionales que no tienen en cuenta los derechos de las comunidades.
Las organizaciones exigen que Ecoener-Hidralia cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio, a través de alguna de sus filiales. En este sentido, apoyan la necesidad de un tratado vinculante, en el ámbito internacional, que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con el apoyo de los gobiernos.
