La discoteca que operaba en la sombra de la ilegalidad en Murcia
La discoteca Fonda Milagros, en Murcia, se convirtió en el trágico escenario de un incendio en el que perdieron la vida 13 personas. Sin embargo, lo que pocos saben es que este establecimiento había estado operando en un limbo legal desde su apertura. La discoteca abrió sus puertas antes de solicitar una licencia al Ayuntamiento de Murcia, y lo hizo desde mayo de 2019, según muestran las publicaciones en redes sociales que promocionaban sus eventos y fiestas temáticas.
No fue hasta el 27 de junio cuando la empresa Teatre Murcia S. L. trató de regularizar su situación a través de una modificación de su actividad, un trámite menor. Con esta solicitud, buscaba dar cobertura legal a una operación que ya había llevado a cabo: la división de la nave en la que se encontraba, para albergar dos negocios separados. Mantuvieron Teatre, la discoteca que ya operaban desde 2008, con música discotequera y ambiente juvenil, y abrieron Fonda Milagros, con música latina.
A pesar de esta operación para legalizar ambos locales, la administración municipal no respondió de manera efectiva, y la empresa se encontró atrapada en un proceso confuso y lento. Aunque desde 2022 tenían una orden de cierre, esta nunca se ejecutó debido a una serie de alegaciones, recursos, silencios administrativos y la apertura de un expediente paralelo por parte de la empresa para legalizar su negocio.
Fonda Milagros había estado operando desde 2019 junto a Teatre y era ampliamente conocida en la zona de ocio, donde se celebraban diversas celebraciones y eventos. El proceso de legalización de la división de la nave en dos discotecas se había iniciado con una "comunicación de modificación no sustancial para el ejercicio de actividad de discoteca". Sin embargo, este trámite no recibió respuesta hasta enero de 2022, cuando el Ayuntamiento no lo consideró suficiente y requirió a la empresa que presentara un proyecto completo para obtener licencias para ambos negocios, ya que se consideraba un cambio "sustancial". Al mismo tiempo, se ordenó el cierre de la discoteca.
A pesar de que se había emitido una orden de cierre, los locales continuaron abiertos. La administración municipal tenía la capacidad de proceder con la ejecución forzosa del cierre, utilizando medios como el precinto del establecimiento o la imposición de multas coercitivas. Sin embargo, ninguna de estas acciones se llevó a cabo.
La falta de comunicación entre diferentes departamentos municipales, la confusión administrativa y la presentación de un expediente paralelo por parte de la empresa permitieron que los locales operaran impunemente. Aunque la empresa alega que presentó documentación para legalizar su situación, esta no fue suficiente para poner fin a la situación irregular.
La tragedia que ocurrió en Fonda Milagros puso de manifiesto no solo la falta de control en la legalización de establecimientos, sino también la necesidad de una mayor coordinación administrativa para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La empresa y el Ayuntamiento se han señalado mutuamente, mientras que la ciudadanía busca respuestas sobre cómo pudo ocurrir esta tragedia en un local que operaba al margen de la legalidad. @mundiario