La difícil misión de ser un ciudadano ejemplar

El funcionario Salvador Perelló es alguien un tanto curioso en España. Profesor de Sociología en la universidad Rey Juan Carlos (¡qué gran nombre para una universidad como esta!) probablemente se hartó de hablar y escuchar. ¡Oye! ¿Has visto esto?, dice uno. Es inaudito, contesta otro. Lo de López sí que es un escándalo mayúsculo, tercia el colega epatador. Y así todas las semanas hasta que un día se encontró en el casillero de su correo papeles que probaban el comentario de despacho, pasillo o el escuchado en el precalentamiento de la sala de juntas.

Haya ocurrido así o de otra manera, lo cierto es que el profesor Perelló se ha tenido que encontrar en la tesitura de muchos otros empleados públicos: qué hago ahora. Tras el impulso de la denuncia, de seguro que le llegaron a su mente el duendecillo de la prudencia y el recuerdo de otros funcionarios, que han visto cómo sus vidas han devenido en un vía crucis sin que el gobierno, el congreso y la justicia les hayan sacado del pozo de la marginación.

En estos casos suele ocurrir que el valiente –sea un oportunista o vengativo- se encuentra, en primer lugar, con un entorno desconfiado e incluso hostil. Por algo lo hará, está resentido, ya sabía yo que había alguien detrás. Son ecos que se escuchan allá por donde pasa. Es en esta corte de cobardía, de melifluos ciudadanos, en la que se apoya la estrategia del Partido Popular al acusarlo de estar al servicio de una trama, palabra clave de este marco mental que la hace creíble, al menos a oídos de las propias mesnadas.

Una acusación que, si bien miramos, no hace sino confirmar que el máster de doña Cifuentes no existe y lo que se pretende es desviar la atención. Un modo de proceder que figura en los manuales básicos de manipulación de la opinión pública, y a la vez dar un escarmiento al desvelador de la fechoría. Cualquier ciudadano con aspiraciones a serlo cabalmente, sabe así que caminará solo.

En España la ley parece, quizá, un poco caprichosa. Exige a los individuos dar socorro a otros en determinados ámbitos y circunstancias, pero no protege a los que sirven a la sociedad poniendo en conocimiento de la justicia casos como este o denuncian evasión de impuestos, como Hervé Falciani, que se encuentra ahora en riesgo de terminar encerrado unos cuantos años.

Cuando se trataba de narcos gallegos, casi todos de procedencia humilde, surgió la figura jurídica del arrepentido, protegido como testigo

Cuando se trataba de narcos gallegos, casi todos de procedencia humilde, surgió la figura jurídica del arrepentido, protegido como testigo. A los que a ella se acogieron, no se les recriminó resentimientos ni venganzas, acusaciones solo lanzadas por los capos de la fariña y su entorno. Al contrario, se les otorgaron beneficios penitenciarios.

Sin embargo, la protección jurídica e institucional no abarca otros muchos casos que, de llevarse a cabo, redundaría indudablemente en el descubrimiento de nuevas corruptelas y en la eficacia de su persecución, saneando así la sociedad. 

Desde fuera, se puede pensar que en la universidad se encuentran los ciudadanos con una mayor conciencia y exigencia de sus deberes cívicos por su dedicación al conocimiento, sea a investigarlo, sea a transmitirlo. Es posible, pero la realidad es que es un reflejo de la sociedad donde las desigualdades crean poderes fácticos internos y leiras privativas en las que, en ocasiones, la palabra excelencia enmascara más a la ambición que ayuda al talento.

Pero hay una cosa de la que se puede estar seguro. Su sistema hiperburocratizado hasta la extenuación garantiza que, si alguien como la presidenta de Madrid se matricula y presenta un trabajo de fin de master, deja un rastro documental evidente y, en el peor de los casos, quedan suficientes huellas para saber si lo ha hecho o no. @mundiario