Desarticulan una red criminal que falsificaba documentos a extranjeros para regularizarlos
Un duro golpe a las bandas que actúan de manera ilegal ha dado la Policía Nacional en Madrid. Se trata de una organización criminal dedicada a falsificar documentos a extranjeros para regularizar su situación en España.
La Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa, destaca que han sido detenidas 52 personas. La averiguación se inició en enero de 2019, los investigadores detectaron que concretamente dos mujeres, presuntamente se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados, por lo que realizaron un filtrado de todas las solicitudes en la que pudieron constatar la actividad delictiva. Captaban a sus 'clientes' en una iglesia evangélica y en una ONG, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.
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Las integrantes de la organización habían establecido un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes: cambiaban continuamente de teléfono y de correo electrónico para solicitar las citas y presentación de expedientes, llegando a constatarse al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia.
Ahora bien, conforme los agentes iban detectando documentación falsa, pudieron constatar que los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España, eran captados en un lugar de culto y les exigían entre 200 y 7.500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar.
En ese proceso de captación estaban presuntamente implicadas las mismas dos mujeres que presentaban las solicitudes y un tramitador de expedientes. Las pesquisas practicadas permitieron detectar e identificar al líder de la estructura criminal, quien además se encargaba de ofrecer contratos de trabajos ficticios.
Los agentes también detectaron a otro integrante de la red responsable de gestionar los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados, requisito indispensable para regularizar la situación legal en el país. También pudieron comprobar cómo determinados integrantes del entramado amenazaban telefónicamente con números ocultos o desde Honduras a los ciudadanos extranjeros o a sus familiares, en el caso de que contaran el procedimiento ilícito por el que pretendían regularizar su situación en España.
Los principales líderes del grupo han sido imputados por: delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal. La mayoría son hondureños, con edades comprendidas entre los 26 y los 55 años. La investigación se mantiene abierta, ya que parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido ilícitamente para ser invertido. @mundiario
