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Derecho a vivir y morir dignamente

En nuestra libertad cabe el suicidio como decisión individual de poner fin a nuestra vida, opina la autora.

Derecho a vivir y morir dignamente
Ramón Sampedro, primer ciudadano en pedir en España el suicidio asistido. / Archivo
Ramón Sampedro, primer ciudadano en pedir en España el suicidio asistido. / Archivo

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Ana Aba Catoira

Ana Aba Catoira

La autora, ANA ABA CATOIRA, doctora en Derecho, es profesora de Derecho Constitucional en la UDC. Magistrada-jueza sustituta de 1997 a 2015 en A Coruña, es experta en derechos fundamentales, estudios de género y ciudadanía digital, con formación acreditada en Delegada de Protección de Datos. Entre sus publicaciones hay monografías y artículos científicos. También es articulista de MUNDIARIO, conferenciante en España y Latinoamérica y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Derecho y TICs. @mundiario

Esta semana comenzó la tramitación en el Congreso de los Diputados de una Ley Orgánica de reforma del Código Penal a objeto de consagrar la eutanasia como un derecho reconocido a las personas que padezcan “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable” sufragado por el sistema público de salud y frente al que los médicos podrán objetar por motivos de conciencia.

Esta no es la primera vez que se pretende sacar adelante una ley que dé respuesta a una demanda social que crece cada vez más y que ya tiene respaldo en países de nuestro entorno como Holanda y Bélgica.

La vida es un misterio y la muerte más. Nada es más cierto que todas las personas nacemos, vivimos y morimos. Nadie tiene derecho a decirnos como debemos vivir y mucho menos decidir por nosotros a la hora de morir, si debemos hacerlo o no podemos hacerlo. Por tanto, en nuestra libertad cabe el suicidio como decisión individual de poner fin a nuestra vida. Ahora bien, el Derecho prohíbe toda ayuda para morir, tanto el suicidio asistido como la eutanasia, siendo tipificadas como delito las dos.

Todas las personas tenemos reconocido como derecho fundamental el derecho a la vida “digna”, pero no el derecho a morir como facultad integrado el derecho a la vida que, en todo caso, debe ser con calidad y dignidad, más allá de una pura existencia biológica o física.

Reivindicar el derecho a morir dignamente no es un sinsentido sino que es una demanda con gran respaldo social y son cada vez menos reticencias que pretende amparar, no a quiénes piden morir, sino a quiénes piden dejar de sufrir. Efectivamente, existen los cuidados paliativos, es decir, suministrar fármacos para aliviar el dolor de un paciente terminal asumiendo que puede suponer el acortamiento de la vida; asimismo, también se evita la prolongación artificial de la vida, pero ni una ni otra son eutanasia porque eutanasiar es actuar para causar la muerte de una persona que la ha pedido y que la consiente.

Hasta el momento el Estado no había legislado sobre la muerte digna ni sobre los cuidados paliativos, sólo existe alguna normativa a nivel autonómico como la Ley Gallega o la más reciente asturiana de cuidados paliativos de 2018. La Ley estatal 41/2002 de la autonomía del paciente se queda ya muy corta para los cambios de mentalidad social y reivindicaciones de la ciudadanía.

La Ley que se va a aprobar dará una solución digna a muchas personas que sufren inhumanamente sin posibilidad de mejora, son enfermos terminales que piden dejar de sufrir. La Ley será garantista, regulará todos y cada uno de los aspectos esenciales para dotar de garantías jurídicas a todas las personas implicadas sin olvidar al personal sanitario, a quienes decidan satisfacer este derecho individual y también a quiénes por motivos de conciencia decidan objetar.

Una sociedad avanzada reconoce y garantiza los derechos fundamentales como la vida. El titular de este derecho debe poder disponer de la misma, en casos de graves padecimientos que le llevan a autodeterminar su existencia vital hacia su fin. Ni terceras personas ni el Estado deben interponerse en esta decisión íntima y vital, es un conflicto intrapersonal donde debe respetarse la decisión final de quien lo sufre. @mundiario