Dependencia en espera: el coste humano y económico de un sistema saturado

Un hombre en silla de ruedas y su cuidadora. / RR SS.
El tiempo medio de tramitación de un expediente alcanza los 334 días y hay comunidades autónomas que triplican el plazo máximo establecido en la ley.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha presentado este viernes el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, un informe que detalla la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en España.

Los datos, divulgados justo tres semanas después de la propuesta de reforma de la Ley de Dependencia, revelan que, en 2024, España cerró el año con 1.636.757 personas reconocidas como dependientes, 69.650 más que en 2023. De este total, el 73,3% tiene más de 65 años, y el 63% son mujeres.

A pesar de que el número de personas en espera de atención ha disminuido en 36.798, todavía existen 142.446 personas desatendidas, a las que se suman las 127.879 pendientes de valoración y las 24.113 con un Plan Individualizado de Atención (PIA) aprobado, pero sin ejecución. Esta situación deja al descubierto la deficiencia estructural del sistema: cada día, 94 personas dependientes fallecen sin haber recibido los cuidados que les corresponden, según el informe.

Disparidad en las autonomías

Las cifras también apuntan a una notable disparidad en la atención entre comunidades autónomas. Mientras que algunas regiones cumplen o se acercan a los plazos establecidos por ley (180 días para atender una solicitud), otras, como Andalucía, Canarias y Murcia, superan los 500 días de espera. Con un tiempo medio de tramitación de 334 días, la brecha en la eficiencia del sistema se hace cada vez más evidente.

Uno de los aspectos más preocupantes es el perfil de las cuidadoras, que sigue siendo predominantemente femenino. De las 664.906 personas reconocidas como cuidadoras familiares, el 72,6% son mujeres, y más de un 7% de estas cuidadoras tienen más de 80 años. Un hecho que pone de manifiesto la feminización de los cuidados, una carga que muchas veces no es una opción, sino una imposición económica y social, exacerbada por el bajo importe de las prestaciones económicas, que rondan los 264,11 euros al mes de media.

La financiación insuficiente

Aunque la inversión en el sistema ha alcanzado un máximo histórico de 12.000 millones de euros en 2024, lo que equivale al 0,8% del PIB, el informe advierte de que se necesitarían al menos diez años para reducir las listas de espera si no se toman medidas drásticas. La financiación pública sigue siendo insuficiente: el Gobierno de España financia solo el 28,6% del gasto en dependencia, lejos del 50% que los expertos consideran adecuado. Esta situación se agrava en comunidades autónomas como Andalucía, Baleares y Canarias, que han recibido menos inversión por no cumplir con sus compromisos presupuestarios.

La reforma propuesta por el ministro Pablo Bustinduy podría ofrecer una solución parcial al eliminar la incompatibilidad de prestaciones y reforzar la atención en los hogares. Sin embargo, el panorama que deja el informe del Observatorio refleja un sistema desbordado, que sigue sin responder a las necesidades básicas de las millones de personas dependientes y sus familias. A medida que la población envejece y los recursos no crecen al mismo ritmo, la reforma legislativa necesitará ir acompañada de una profunda reestructuración del modelo de financiación para evitar que la brecha entre necesidades y recursos siga creciendo.

En conclusión, el informe del observatorio subraya la urgencia de revisar el modelo de atención y las políticas públicas, no solo para garantizar la cobertura universal, sino también para asegurar que los cuidados recaigan de manera justa y equitativa, sin sobrecargar a las mujeres y las generaciones más vulnerables. @mundiario