Denuncian a Cabify por discriminar a las personas en silla de ruedas

La movilidad se ha convertido en un privilegio para quienes dependen de una silla de ruedas. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA–COCEMFE Madrid) ha denunciado a Cabify por supuesta discriminación sistemática hacia personas con movilidad reducida, tras recibir múltiples quejas de usuarios cuyos servicios han sido cancelados o ignorados pese a reservar con antelación. Mientras los usuarios sin discapacidad acceden al servicio con normalidad, quienes requieren un vehículo adaptado se enfrentan a la frustración de la exclusión.

Según FAMMA, Cabify obliga a las personas con discapacidad a reservar vehículos accesibles con hasta dos horas de antelación, y aun así muchos de estos servicios son finalmente cancelados por la plataforma. “Se les deja tirados indicando que no hay conductor asignado”, denunció Javier Font, presidente de la federación, en una entrevista reciente en RNE.

Para las asociaciones, esta situación no refleja un incidente aislado, sino un modelo de negocio que relega a las personas con discapacidad a un servicio residual, sin garantías ni alternativas claras.

Por su parte, Cabify defiende que estos casos son “incidentes puntuales” y asegura que la tasa de cumplimiento de su servicio para personas con discapacidad supera el 95%. Sin embargo, la federación insiste en que la falta de transparencia y la opacidad en la asignación de vehículos adaptados alimenta la percepción de discriminación sistemática.

La accesibilidad no puede depender de la buena voluntad

FAMMA subraya que la verdadera raíz del problema es la ausencia de regulación efectiva. La federación reclama normas claras, ratios obligatorias de vehículos accesibles, mecanismos de control y sanciones eficaces para garantizar el cumplimiento de la ley. “La accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de una empresa ni de un algoritmo; es una obligación legal”, advierte Font.

Actualmente, Cabify afirma tener 50 vehículos adaptados, pero la federación denuncia que no se ofrece información verificable sobre su disponibilidad ni sobre los criterios que determinan qué usuario puede acceder a ellos. Este vacío genera incertidumbre y limita la movilidad de personas con discapacidad, un derecho que la legislación española protege de manera explícita.

FAMMA insiste en que los hechos constituyen una vulneración directa de la Constitución Española, de la legislación sobre discapacidad y de la normativa autonómica de transporte VTC. La federación ha presentado una denuncia formal ante la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, solicitando la apertura de un expediente sancionador, la verificación del número real de vehículos accesibles y el cumplimiento estricto de las obligaciones de accesibilidad.

“Este no es un problema menor ni puntual. Se trata de discriminación directa que limita la autonomía y la dignidad de las personas con movilidad reducida”, afirma Javier Font. La federación no descarta nuevas acciones legales si no se garantiza un servicio equitativo y transparente. @mundiario