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¿Deberíamos hacer obligatoria la vacuna del coronavirus?

Exploramos el dilema ético detrás de la llegada de la vacuna de la covid-19 y la posibilidad de que el derecho a negarse a un tratamiento ponga en riesgo la seguridad de la población 
¿Deberíamos hacer obligatoria la vacuna del coronavirus?
Imagen referencial de una vacuna. / Mundiario
Imagen referencial de una vacuna. / Mundiario

Ainhoa Grandío

Colaboradora.

Cuando la vacuna llegue, van a surgir muchas dudas al respecto de cómo proceder. Una de ellas, si debería hacerse obligatoria. 

Este es el dilema que aborda uno de los últimos artículos de National Geographic, en el que se sopesa la necesidad de convertir esta vacuna en un requerimiento obligatorio para reuniones de grupos grandes de personas, situaciones como conciertos o la entrada en un país. Los argumentos que se aportan a favor de validarlo giran en torno a situaciones previas a la covid-19 en las que las vacunas ya son obligatorias. En el caso de los militares estadounidenses, se les exige estar inmunizados a una serie de enfermedades prevenibles mediante la vacunación, y, en Estados Unidos también es legal que una empresa requiera que sus empleados estén vacunados. 

Desde Australia también ha surgido esta pregunta, después de que el primer ministro, Scott Morrison, sugiriera la posibilidad, para después retractarse unos días después. El gobierno australiano ha recordado que ninguna vacuna en el país es obligatoria, y desde el ministerio de Sanidad anuncian que tal vez sí vuelvan obligatoria la vacuna para las llegadas al país, como ya era habitual desde siempre. 

En lo que se refiere a España, nuestras vacunas tampoco son obligatorias, pero sí que existe un calendario de vacunación en el que se insiste mucho, sobre todo en el caso de los niños

Vacuna. / Pixabay

¿Merecería la pena el volver obligatoria la vacuna? 

Aquí surge una cuestión de dilema ético en el que entran en choque directo la libertad individual frente a la seguridad pública y el derecho a la vida. Un caso interesante a tener en cuenta es el de Nueva Zelanda, en el que los tribunales llegaron a la conclusión de que el tratamiento del agua pública con flúor entraba en conflicto con el derecho a negar tratamiento médico, pero, en última instancia se decidió que la salud pública pesaba más que este derecho. 

Lo que se debe entender es que si no se obliga a la vacunación, aquellas personas que se nieguen a recibir este tratamiento no contarán con inmunidad, pero siempre y cuando el resto de gente se vacune no habría ningún problema y cada uno podría seguir adelante con la decisión que más se ajuste a sus principios sin mayor repercusión que la que uno mismo estuviese dispuesto a afrontar. 

Preparando una vacuna. / Pexels, Retha Ferguson

Esto es cierto para la mayoría de casos. Pero, el motivo donde surge la polémica, y que sale a la mesa cada vez que se aborda el tema de los colectivos anti-vacunas, es el caso de personas con mayor vulnerabilidad, como, por ejemplo, los inmunodeprimidos.

Los pacientes inmunodeprimidos son aquellas personas que a causa de un tratamiento médico con determinados químicos o por consecuencia de una enfermedad determinada, se encuentran en una situación en la que su sistema inmunológico se ve debilitado, lo que les pone en riesgo hasta con las vacunas, porque no pueden afrontar ni siquiera una versión menos agresiva de un virus. En este caso la decisión de no vacunarse de unos pocos, puede afectar a grupos que aunque quieran vacunarse no pueden y poner en grave riesgo sus vidas. 

Por lo que, en resumen, la logística de la campaña de vacunación y la compra de dicha vacuna para la covid-19 es la primera pregunta que nos surgirá, pero vamos a tener que plantearnos otras cuestiones mucho más complicadas y considerar qué pesa más, si la salud pública, o el derecho a negarse a un tratamiento. @mundiario