La Complutense se asfixia: el rescate madrileño costará 4,4 millones en intereses

Universidad Complutense de Madrid. / RR. SS.
La UCM afronta un préstamo millonario a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas y proveedores, en plena infrafinanciación crónica.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor institución académica presencial de España, cerrará el año pagando un precio alto por su supervivencia inmediata: se ha visto obligada a solicitar a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,46 millones de euros para afrontar las nóminas y las obligaciones con proveedores antes de finalizar 2025. Una deuda que, lejos de ser un balón de oxígeno, supone un desgaste político, económico y emocional para una universidad que, según sus responsables, lleva años ahogada por la infrafinanciación autonómica. “Es muy triste pedir un préstamo a tu propia administración”, resumió el rector Joaquín Goyache, consciente de que esta frase acabará convertida en símbolo de una crisis larvada.

Porque el préstamo no solo tiene principal: tendrá un coste total de 4,4 millones en intereses que pagarán indirectamente los madrileños, en un territorio que, pese a ser el más rico del país, es también el que menos financia a sus estudiantes. Entre 2026 y 2029 la UCM deberá abonar casi un millón de euros cada septiembre, y en 2030 aún quedará por pagar medio millón más. Un horizonte austero para una institución que cerró 2024 con un déficit de 33,19 millones y que ya encara recortes internos que tensan a su comunidad.

La Complutense ha intentado suavizar las condiciones del préstamo, proponiendo incluir “ingresos futuros” en la negociación, pero el Ejecutivo regional rechazó cualquier flexibilización. Y aunque el rectorado no ha difundido los detalles, el sindicato CGT sí lo ha hecho: se trata de un préstamo a cinco años, con tres de carencia y un interés fijo del 2,8%. Según señalan varias fuentes al diario EL PAÍS, incluso con esos intereses la opción autonómica era “mejor” que la banca privada, lo que en realidad dice más del mercado financiero que de la voluntad política.

Mientras tanto, la universidad vive un ajuste silencioso. Desde julio de 2024, el crédito de gasto está retenido primero al 30% y ahora al 35%, lo que en la práctica supone amputar más de un tercio del presupuesto operativo de decanatos y departamentos. La vicerrectora de Asuntos Económicos, Begoña García Greciano, reconoció en el último Consejo de Gobierno que la institución solo puede aspirar a reducir el déficit mediante “contención en gastos y política de personal”.

Personal congelado y sobrecarga creciente

Esa “política de personal” incluye no cubrir vacantes en departamentos con altos números de profesores y reducir la temporalidad del personal de administración y servicios (PTGAS), lo que disminuye costes en Seguridad Social. También se busca impulsar la formación permanente y explotar al máximo las instalaciones para generar ingresos adicionales. Pero para el sindicato CGT, esa hoja de ruta es una amenaza directa a la calidad universitaria: “Interpretamos que apunta a la congelación de contrataciones frente a las jubilaciones previstas. Eso supondrá un aumento de las sobrecargas que ya adolecen las plantillas”.

La precarización como síntoma estructural

La Complutense ha optado por reforzar la contratación de ayudantes doctor —la figura más básica en la carrera hacia la estabilización— con el programa María Goyri, en lugar de mejorar las condiciones de acceso a titularidades y cátedras. El rector defiende la estrategia: “Vamos a estabilizar a todos los ayudantes doctores acreditados. Eso tiene consecuencias, pero hay que trabajar por el futuro”. Para parte del personal, sin embargo, esta apuesta ahonda en la precarización de quienes sostienen la docencia diaria. “Si esto ocurre en época de bonanza, ¿qué no harán en crisis?”, plantean desde CGT.

El rector, entre la presión política y el colapso académico

Goyache insiste en que su prioridad ha sido mantener viva a la universidad y evitar la desaparición de departamentos. “Si no hubiéramos incorporado a más de 800 personas en los últimos años, esta universidad hubiese desaparecido”, argumenta. Pero esa estrategia expedita tiene un contraefecto: el Gobierno madrileño no acepta que la UCM necesite aumentar plantilla para reemplazar jubilaciones sin agrandar su déficit, lo que —según el propio rector— “le está pasando factura a la institución”.

Un modelo de financiación en crisis

El malestar ha cristalizado en un movimiento transversal. Los 26 decanos leyeron la semana pasada un comunicado ante la sede del Gobierno regional, denunciando que el modelo de financiación “no cubre los costes reales de funcionamiento” y compromete la sostenibilidad del sistema público. El 26 y 27 de noviembre la comunidad universitaria irá a la huelga y celebrará 46 clases en la calle, resucitando el espíritu de “La uni en la calle” de 2012, aunque ahora en una economía que no está en crisis.

Ahora bien, para varios partidos, el préstamo no solo es insuficiente: es irreal. El diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas sostiene que “es imposible devolverlo en estas condiciones: o se condona o la UCM va a la quiebra”. Para el PSOE, devolver el crédito sin aumentar el presupuesto solo llevaría a una solución drástica: vender patrimonio universitario. Ambos coinciden en que la infrafinanciación es el verdadero problema y que la Comunidad debe asumirlo.

La Complutense, mientras tanto, avanza con una mezcla de urgencia y resignación. El préstamo no es un rescate: es un espejo incómodo que revela las costuras del modelo universitario madrileño. @mundiario