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Un complejo natural de Colombia en peligro por la contaminación minera

Según una investigación del portal Mongabay, el complejo turístico Salento corre peligro por las actividades extractivas que se realizan en la zona. Además, acuerdos municipales también representan un obstáculo.

Un complejo natural de Colombia en peligro por la contaminación minera
Salento - Colombia. /Twitter
Salento - Colombia. /Twitter

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Rodrigo Chillitupa Tantas

Rodrigo Chillitupa Tantas

El autor, RODRIGO CHILLITUPA TANTAS, escribe en MUNDIARIO. Es periodista peruano de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajó como redactor en los periódicos Todo Sport, Nuevo Sol y el Grupo La República. Fue corresponsal en Lima de Segundo Enfoque de Argentina. Actualmente colabora con la revista CARETAS. @mundiario

Un atentado ambiental ocurre en estos momentos en Colombia. Una serie de batallas legales y judiciales se libra en el complejo turístico del Valle de Cocora,  ubicado en Salento, Quindío, en el corazón del eje cafetero del país sudamericano. Según una investigación del portal Mongabay, allí un tribunal administrativo declaró inválido el Acuerdo Municipal que prohibía la minería en la zona.

La decisión causó polémica en Colombia y provocó diversas marchas de protesta. Un gran número de ambientalistas colombianos mostraron preocupación pues estos acuerdos son una de las pocas herramientas que le queda a los municipios para prohibir actividades extractivas en sus territorios, según analiza Mongabay.

Pero el tema tiene una cronología de hechos. El año pasado Salento tenía todo listo para convocar una consulta popular en la que le preguntaría a sus habitantes si estaban de acuerdo con la minería en su territorio. El Concejo municipal, el alcalde Juan Miguel Galvis, y la Gobernación ya habían aceptado y la Corte Constitucional había avalado la pregunta, según reporta el citado medio.

La demora se debía a que la Registraduría Nacional no tenía presupuesto para llevarla a cabo. La incertidumbre acabó de improviso cuando, en octubre pasado, la Corte emitió una sentencia que prohibía las consultas populares como mecanismo para impedir actividades extractivas. Este tema cayó como un baldazo de agua fría, recuerda Mongabay.

La batalla jurídica en este caso apenas empieza.  El secretario Jurídico y de Contratación encargado de la gobernación de Quindío, Víctor Vélez, explicó al diario La Crónica del Quindío que cuando el Acuerdo Municipal de Salento llegó a la Gobernación para la revisión de legalidad y constitucionalidad, se procedió a verificar si las disposiciones que adopta eran concordantes con la ley y la Constitución, y se decidió enviar dicho acuerdo al TAQ para que este alto tribunal decidiera, sentencia Mongabay. @mundiario