El colapso de la pasarela de Santander revela fallos en la gestión de avisos y competencias

El colapso de la pasarela en la zona de El Bocal en Santander ha dejado una herida profunda: seis jóvenes fallecidos y un séptimo ingresado en la UCI. El Ayuntamiento ha reconocido que recibió un aviso ciudadano sobre el mal estado de la estructura 24 horas antes del desplome, pero que la llamada no se gestionó con la urgencia necesaria. Según la alcaldesa, la policía local no consideró el riesgo como grave y no se abrió la incidencia correspondiente. Esa cadena rota de actuaciones plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de los protocolos de emergencia.

No se trata de demonizar a un agente ni de simplificar el problema en un solo culpable. En sistemas complejos, los fallos suelen ser sistémicos: una llamada que no se registra, una valoración subjetiva que minimiza el peligro o una falta de coordinación. Pero cuando las consecuencias son tan graves, la reflexión debe ser profunda. La propia regidora ha admitido que “podríamos haberlo evitado”. Esa frase, aunque honesta, también invita a pensar en qué cambios son necesarios para que no vuelva a suceder.

La opinión pública tiende a buscar respuestas claras y responsables concretos, pero la realidad es más enrevesada. Un policía local no es un mero receptor de avisos: su función incluye evaluar riesgos y activar mecanismos. Sin embargo, también necesita herramientas, formación y protocolos claros. Si el sistema no facilita esa respuesta rápida, la responsabilidad se diluye. Por eso es fundamental revisar no solo las decisiones individuales, sino los procesos.

Una infraestructura a caballo entre competencias

El Ayuntamiento ha señalado que el mantenimiento de la pasarela correspondía a Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Esa explicación abre otro debate: las competencias. En muchas ocasiones, la ciudadanía percibe las fronteras administrativas como un laberinto en el que nadie se hace cargo. Si un puente es utilizado a diario por vecinos y turistas, aunque se encuentre en terreno estatal, la pregunta es inevitable: ¿quién vela por su seguridad?

La alcaldesa ha anunciado la publicación de un mapa que delimitará las áreas de competencia con colores distintos. Es una medida simbólica, pero también necesaria para la transparencia. Sin embargo, los mapas no salvan vidas. Lo hacen las actuaciones preventivas, las inspecciones periódicas y la coordinación entre administraciones. Cuando un espacio es de uso público, las competencias no deberían convertirse en excusas, sino en compromisos compartidos.

El Ministerio ha respondido con cautela, evitando alimentar la polémica. Esa postura puede entenderse: en momentos de dolor, lo esencial es acompañar a las víctimas y esclarecer los hechos. Pero también es legítimo exigir claridad. La ciudadanía merece saber por qué una infraestructura que se utilizaba como parte de una senda costera no contaba con garantías suficientes.

Lecciones para evitar nuevas tragedias

El caso de la pasarela de Santander no debe quedar en un titular pasajero. Es una oportunidad para repensar cómo gestionamos los espacios públicos y los avisos ciudadanos. Un vecino llamó para alertar del peligro; su gesto fue correcto. El problema fue la respuesta. En sociedades avanzadas, la seguridad no depende de la suerte ni de la intuición, sino de sistemas robustos.

La metáfora del puente es útil: cuando una estructura se tambalea, no basta con apuntalar un lado. Hay que revisar los cimientos. En este caso, los cimientos son los protocolos de emergencia, la formación de quienes los aplican y la coordinación entre administraciones. También la cultura de prevención: asumir que las infraestructuras envejecen y requieren mantenimiento.

No se trata de buscar culpables a toda costa, pero tampoco de diluir responsabilidades. Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia. Y la sociedad necesita garantías de que algo así no volverá a ocurrir. El dolor no puede ser en vano.

El progresismo, entendido como voluntad de mejorar las instituciones y proteger a las personas, exige esa mirada crítica. No basta con lamentar lo sucedido; hay que aprender. Y actuar. Solo así podremos caminar por nuestras ciudades con la confianza de que los espacios comunes son seguros. @mundiario