El caso de Martha: una cadena de fallos institucionales tras el asesinato de una joven madre en Madrid
El asesinato de Martha E. M., cometido a plena luz del día por su exnovio, Juan José M. P., en el distrito madrileño de Villaverde, ha destapado una dolorosa sucesión de errores institucionales. Con tan solo 21 años, Martha había pasado por el circuito de atención a víctimas de violencia machista, había denunciado a su agresor y había estado protegida por una orden judicial. Sin embargo, esas medidas no bastaron.
La joven fue encontrada muerta el pasado lunes junto a su hija de 16 meses, que presenció el crimen. Fue una niña de 12 años, hija de la propietaria del piso donde Martha alquilaba una habitación, quien alertó a los servicios de emergencia. La víctima estaba inscrita en el sistema VioGén, que evalúa el riesgo de las mujeres en situación de violencia de género, pero la calificación que tenía en el momento de su asesinato era de riesgo bajo.
El recorrido de Martha por las instituciones fue largo y confuso. Entró en el sistema cuando estaba embarazada, tras denunciar una agresión en Horche, Guadalajara. En aquel momento se le asignó un nivel de riesgo alto, y fue trasladada a un centro de acogida en Azuqueca de Henares, dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Su caso, sin embargo, fue degradándose en prioridad conforme avanzaban los meses y las valoraciones policiales, que fueron consideradas “correctas” por las autoridades.
El juicio contra su agresor se celebró el pasado marzo. La sentencia impuso trabajos comunitarios y una orden de alejamiento durante 16 meses, además de la retirada del permiso de armas. Pero Juan José violó esa orden al menos en cuatro ocasiones, contactando con Martha por teléfono. Ella llegó a denunciarle una vez más, aunque luego retiró la denuncia, un patrón tristemente frecuente entre las víctimas, atrapadas entre el miedo y la esperanza de que la situación mejore.
Con el paso del tiempo, Martha fue trasladada a otro recurso de acogida en Ciudad Real, gestionado por la congregación de las Adoratrices, especializado en mujeres jóvenes. En septiembre decidió abandonar voluntariamente el centro para iniciar una nueva vida junto a otra víctima. Dos días antes del crimen, se comunicó con sus antiguas tutoras para contarles que había regresado a Madrid, sin que su cambio de domicilio quedara registrado oficialmente en el sistema de seguimiento.
Esa omisión resultó fatal. Para las autoridades, Martha seguía residiendo en Castilla-La Mancha, por lo que no existía una vigilancia activa en la Comunidad de Madrid. Sin pulsera de control telemático y sin medidas adicionales de protección, fue asesinada por el mismo hombre al que la justicia había prohibido acercarse.
La policía detuvo al agresor horas después del crimen en Torrejón de Ardoz. Con su arresto se cerraba un caso que, sin embargo, deja abiertas numerosas preguntas sobre la eficacia de los protocolos de prevención. El Ministerio de Igualdad y los servicios autonómicos han anunciado una revisión urgente de las evaluaciones de riesgo y del sistema de coordinación entre comunidades.
Martha es la víctima número 32 de violencia machista en lo que va de 2025, y su hija, de apenas 16 meses, se convierte en la huérfana número 17 del año. Ambas se suman a unas estadísticas que siguen creciendo, mientras el país vuelve a preguntarse qué falló —otra vez— en la protección de una mujer que pidió ayuda. @mundiario