Los cambios en la sanidad pública española exigen plantearse el rumbo a seguir

La primera riqueza es la salud, según decía Emerson. Hoy, el debate está en cómo mantener esa salud. De la sanidad privada se exige rentabilidad económica, y de la pública, eficiencia.

Fue la Ley General de Sanidad de 1986 la que estableció por primera vez en España una sanidad pública, gratuita y universal. Unos conceptos bastante recientes que por su fuerza, pronto se convirtieron en básicos. El modelo de sanidad español se convirtió en uno de los más completos del mundo, con hitos en la historia de medicina de una importancia incalculable, e incluso, con el mismísimo presidente de los Estados Unidos estudiando la gestión española de la sanidad pública para su imitación, más o menos fiel. Pero el sistema sanitario es complejo, y a esa complejidad in natura se añade la de la diferente gestión de cada una de las Comunidades Autónomas, que intenta sobrevivir a las restricciones presupuestarias. Y algunas más que otras, han enfocado estos recortes en sanidad. Desde 2010, se ha reducido el gasto presupuestario en un 10,3%, y las Comunidades Autónomas han tenido que llevar a cabo ajustes para adaptarse. Así, la que más recortes ha realizado, es Extremadura, con una reducción del 22,6%, como recordaban en el programa de la Sexta El Objetivo, el pasado 16 de febrero.

Cambios desde diferentes frentes con un objetivo: ahorrar

El Real Decreto Ley Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones introdujo cambios profundos en el sistema sanitario español. Una de las medidas más polémicas adoptadas ha sido la restricción del acceso a la sanidad pública para los inmigrantes mayores de dieciocho años en situación irregular que no estén empadronados, de tal forma que ahora tienen derecho únicamente a la asistencia de urgencia. Por otro lado, los mayores de veintiséis años sin ingresos deben tramitar una nueva tarjeta para poder seguir accediendo a los centros hospitalarios y de salud vinculados a la tarjeta de los padres.

Algunas Autonomías han coqueteado con el cierre de los servicios de urgencias de aquellos lugares con una población reducida. También se han adoptado diferentes medidas relacionadas con el sector farmacéutico para intentar ajustar el presupuesto en sanidad, como el catálogo de genéricos o el basado en la prescripción por principios activos que han adoptado varias Comunidades Autónomas.

Aunque quizás, el rumbo sea el mismo, son más alarmistas las medidas relativas al copago, por marcar un posible cambio de tendencia. Éstas consisten, a grandes rasgos, en el pago por los usuarios de parte de los servicios públicos que se prestan. Sin embargo, en algunos países en que se aplicó no convencieron los resultados, como Alemania, que lo había introducido en 2004 y lo suprimió desde 2013. Otro ajuste muy debatido desde sectores políticos y sociales, es el de la externalización de la gestión de la atención sanitaria especializada.

Y ante tales cambios de la gestión de la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, cabe preguntarse si realmente tenía un funcionamiento deficiente que implicara una reestructuración de sus bases.

¿Funcionaba mal la sanidad pública española?

Mientras en países en los que se utilizan sistemas privados de gestión, como los Estados Unidos, el gasto público en sanidad es del 17% en relación con el PIB, en otros como Francia, con sistema de gestión basado en las facturas, que paga el Estado, es del 11%. Y en España, con el mismo baremo, la sanidad pública sólo supone el 9% del PIB.

Algunos expertos señalan que este ahorro se debe, además de a una buena gestión consolidada durante toda la época de la democracia, a la calidad de los profesionales y a los salarios de los médicos, una cuarta parte más bajos que los de los estadounidenses, y un tercio inferiores a los ingleses.

La eficiencia de la sanidad pública española se reconoce en una serie de datos. Así, el índice de mortalidad, la esperanza de vida, la prevención de enfermedades, reflejan resultados de lo más positivos del mundo.

Además, la universalidad de la asistencia sanitaria, sin perjuicio de los abusos que siempre se pueden dar en servicios públicos, produce unas externalidades positivas que, para algunos, se traducen en una mayor calidad de vida de toda la península, y una reducción de epidemias y enfermedades prácticamente erradicadas.

En lugar del ya citado copago, muchos hablan de repago, porque el gasto sanitario está financiado principalmente con los impuestos de los contribuyentes.

Según datos del CIS de 2013, un 35% de los encuestados cree que la asistencia sanitaria española funciona bastante bien, frente a un 43.8% que considera que sólo poco.

¿Entonces, qué es necesario cambiar?

Quizás los problemas a solucionar se relacionasen más con las largas listas de espera, los problemas de coordinación para integrar procesos y enfermedades, o las luchas competenciales y políticas. Algunos defienden enfocar los esfuerzos hacia el ahorro con la autogestión de determinadas enfermedades crónicas, mediante una formación suficiente del enfermo.

Con la llamada marea blanca, que lucha contra la privatización de los servicios sanitarios madrileños, se han abierto varias batallas contra cambios profundos en la gestión. Por un lado, la batalla en la calle, con manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades españolas. Por otro lado, la batalla en los tribunales, en los Juzgados de los Contencioso Administrativo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Tribunal Constitucional. Los dos primeros, como medida cautelar por su irreversibilidad (existe un peligro de imposible o difícil restauración a la situación inicial de dictarse una sentencia favorable) han suspendido cautelarmente el proceso de gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada. El tercero, el TC, ha estimado el recurso.

En materia de sanidad, tras ser ejemplo incluso de la primera potencia económica mundial, hay que tener muy claro qué cambios se van a realizar. Porque los que se hagan pueden ser irreversibles, y ya no se trata de medidas con tinte ideológico que pueden afectar desde altas esferas de forma abstracta. Pueden afectar a cualquiera. A un desconocido, a un amigo, a mí o al lector. Y para empezar a planteárselos, es necesario cuestionarse si es cierto que la salud de la sanidad española estaba débil.