Cableado por nuestras ciudades
En muchas ciudades, basta con levantar la vista para encontrarse con un enredo de cables que cruza de un edificio a otro, se acumula en los postes y se descuelga por las fachadas como una telaraña permanente. Forman parte del paisaje urbano hasta el punto de que casi hemos dejado de verlos, pero ahí siguen: cables viejos, empalmados, cortados, algunos tensos y otros colgando sin rumbo. Lo que pocos se preguntan es cuántos de ellos siguen realmente en uso y cuántos son simplemente restos de instalaciones antiguas que nadie se ha molestado en retirar.
Durante décadas, las compañías de telefonía y telecomunicaciones desplegaron redes aéreas de cobre para llevar el servicio a viviendas y negocios de forma rápida y económica. Más tarde llegaron la fibra óptica, nuevas operadoras y sucesivas ampliaciones. Cada avance tecnológico supuso tender nuevos cables, muchas veces utilizando los mismos postes y recorridos. El problema es que, cuando una línea deja de utilizarse, no siempre se desmonta. Con el paso del tiempo, el resultado es una superposición de infraestructuras activas e inactivas que saturan visualmente calles enteras.
El impacto no es solo estético, aunque lo estético importa. En barrios históricos, zonas turísticas o calles recién rehabilitadas, el cableado aéreo rompe la armonía de las fachadas y proyecta una imagen de abandono. Las fotografías promocionales de una ciudad rara vez incluyen primeros planos de postes repletos de cables enredados. Sin embargo, forman parte de la realidad cotidiana de millones de personas. Esta acumulación contribuye a una sensación de desorden urbano que contrasta con los esfuerzos municipales por mejorar aceras, iluminación o mobiliario.
A ello se suma la cuestión de la responsabilidad. En muchos lugares, la normativa no obliga de manera clara a las compañías a retirar el cableado que ya no está en servicio, salvo que suponga un peligro evidente. Si el cable no interfiere, no se cae y no genera una incidencia técnica, puede permanecer años donde está. Las empresas suelen priorizar la instalación y el mantenimiento de las redes activas, mientras que la retirada de líneas obsoletas implica costes adicionales y poca rentabilidad directa. Sin una obligación legal específica o sanciones claras, el incentivo para limpiar ese “pasivo invisible” es mínimo.
Un cambio de compañía para un cliente implica en muchos casos un cable más en las fachadas ¿cuántos cambios de compañía se realizan al cabo del día en el país? Y aunque se solicite expresamente al técnico, éste no lleva orden de trabajo ni se le puede solicitar a la empresa la retirada del anterior, salvo pago de este servicio.
También existe un problema de coordinación. En un mismo poste pueden coexistir cables de varias operadoras. Determinar qué línea pertenece a quién y si sigue activa no siempre es sencillo. Cuando un vecino reclama, el ayuntamiento puede carecer de competencias directas o necesitar iniciar procesos administrativos largos para exigir la retirada. Mientras tanto, los cables continúan allí, sumando capas a una infraestructura que crece sin depurarse.
Más allá de la estética, el mantenimiento deficiente puede generar riesgos: cables mal sujetos que se descuelgan tras una tormenta, empalmes improvisados, peso excesivo sobre postes antiguos. Aunque no todos representan un peligro inmediato, la acumulación innecesaria aumenta la probabilidad de incidencias. En un contexto en el que se habla de ciudades inteligentes y de planificación urbana sostenible, resulta paradójico que sigamos conviviendo con restos de redes que ya no cumplen ninguna función.
Algunas ciudades han optado por exigir el soterramiento progresivo del cableado en determinadas zonas o por establecer plazos para retirar infraestructuras en desuso. Son medidas que requieren inversión y voluntad política, pero demuestran que el problema no es inevitable. Donde existe una regulación clara y una supervisión efectiva, el paisaje urbano mejora notablemente.
Quizá ha llegado el momento de abrir un debate más amplio sobre este asunto. Las telecomunicaciones son esenciales, pero su despliegue no debería dejar cicatrices permanentes en el espacio público. Si las calles son de todos, también lo es la responsabilidad de mantenerlas ordenadas y seguras. El cableado que un día fue símbolo de progreso no debería convertirse, con el paso del tiempo, en un recordatorio del desinterés por cuidar el entorno urbano.
Teniendo en cuenta el precio actual del cobre, quizás la externalización de estos servicios sea una solución para pequeñas empresas, mientras “alguien” lo autorice. @mundiario