Ayuso convierte la universidad en un campo de orden público

En una comunidad que se precia de su dinamismo educativo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha decidido que las universidades madrileñas necesitan menos debate y más vigilancia. Así se desprende del borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que sugiere un paradigma inédito en democracia: convertir los campus en espacios disciplinados por decreto y bajo amenaza de sanción económica. No se trata solo de garantizar la seguridad o la convivencia, sino de imponer una lógica autoritaria que penaliza el conflicto político y las expresiones de disenso con multas que podrían llegar, insólitamente, al millón de euros.

Esta escalada punitiva incluye sanciones de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas, “escraches” o incluso por colgar una pancarta sin permiso. ¿Qué concepto de universidad hay detrás de este proyecto? Ciertamente no el de una institución viva, plural y abierta al debate. Lo que Ayuso propone es una universidad reglada desde fuera, donde la protesta estudiantil o la crítica institucional se equiparan a desórdenes públicos.

La gravedad del asunto no radica solo en las cuantías desproporcionadas, sino en la ambigüedad de los conceptos utilizados. Infracciones “muy graves” como “no garantizar la pluralidad” o “permitir actos contrarios a la Constitución” abren un terreno pantanoso donde la arbitrariedad política puede disfrazarse de legalidad. 

Pero el problema va más allá del plano legal. Es político e ideológico. Esta ley no nace en el vacío: llega después de años en los que Ayuso ha retratado a las universidades públicas —en especial a la Complutense— como territorios capturados por la izquierda. Ha llegado incluso a insinuar que estas instituciones son centros de adoctrinamiento ideológico. Frente a este imaginario, la LESUC aparece como el intento de imponer una suerte de “neutralidad vigilada”, donde la libertad de expresión solo se garantiza si coincide con los valores del Gobierno regional.

El protagonismo de asociaciones como Libertad sin Ira, vinculadas al entorno del PP y de Vox, en la elaboración del régimen sancionador revela hasta qué punto esta norma responde a una estrategia política más que a un diagnóstico real de convivencia universitaria. Que un colectivo estudiantil se jacte públicamente de haber introducido un sistema de multas en una ley autonómica, en colaboración con altos cargos de la Consejería de Educación, debería ser motivo de preocupación, no de orgullo institucional.

Tampoco es menor el choque frontal con la Ley de Convivencia Universitaria estatal, aprobada en 2022, que ya regula los conflictos internos en los campus. La LESUC no solo duplica competencias, sino que pretende suplantar la autonomía de las propias universidades en materia disciplinaria. Y lo hace sin el menor diálogo con la comunidad académica, cuyas voces —como la de los rectores madrileños— vienen advirtiendo desde hace tiempo del deterioro institucional y financiero al que se enfrentan.

Paradójicamente, esta ley que dice proteger la libertad de expresión puede acabar convirtiéndose en un mecanismo para sofocarla. Bajo su paraguas, acampadas pacíficas, protestas contra visitas de líderes políticos o simplemente gestos simbólicos como desplegar una pancarta crítica podrían ser castigados con cuantiosas sanciones. Lo que se define como “hostigamiento” o “impedimento” de actividades es tan vago que todo depende, en última instancia, del criterio de quien gobierna.

El efecto disuasorio es evidente: no se trata de resolver conflictos, sino de evitar que ocurran, a golpe de miedo. Y eso es profundamente incompatible con la misión de una universidad democrática. Porque el pluralismo, el pensamiento crítico y el derecho a disentir son la savia que alimenta a las instituciones del saber. Convertir los campus en zonas de orden público controladas desde un despacho en Sol supone no solo una regresión democrática, sino una renuncia al papel que la universidad debe desempeñar en una sociedad libre.

La universidad pública necesita más recursos, más autonomía y más libertad. No necesita ser tratada como un problema de seguridad. Las leyes que se redactan con ánimo punitivo y sesgo ideológico acaban contaminando el espacio que deberían proteger. Si Ayuso quiere que las universidades sean “lugares de ciencia y no de ideología”, haría bien en empezar por no convertirlas en laboratorios de control político. @mundiario