Ayuso cede y afirma que cofinanciará con el Estado el sueldo de 1.091 profesores

La Comunidad de Madrid se encamina hacia la firma del convenio del Programa María Goyri tras semanas de tensiones y acusaciones. Este acuerdo, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá la contratación y posterior estabilización de 1.091 profesores universitarios, financiados inicialmente por el Gobierno central. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso y su equipo habían calificado el pacto como un “convenio trampa”, argumentando que las condiciones impuestas no resolvían los problemas estructurales de las universidades madrileñas.

Según fuentes regionales, el Ejecutivo trabaja en una propuesta alternativa que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque la ministra Diana Morant ya dejó claro que el texto no será modificado. El plazo para adherirse al acuerdo vence este miércoles, lo que podría obligar a la presidenta a convocar un consejo extraordinario. Si Madrid no cumple con el plazo, los fondos podrían retrasarse hasta 2026, algo que Ayuso pretende evitar dada la presión social y académica.

Los rectores de las universidades públicas madrileñas han presionado al Gobierno regional para que acepte el convenio sin modificaciones. En una carta abierta a Ayuso, señalaron que la falta de personal y la insuficiencia presupuestaria amenazan la sostenibilidad del sistema universitario, que arrastra una inestabilidad laboral cercana al 48%, muy por encima del límite del 8% exigido por Bruselas.

“El programa propuesto no es perfecto, pero es una oportunidad para abordar parte de los problemas que enfrentamos, como la alta temporalidad y la falta de recursos”, afirmaron los rectores, quienes también advirtieron que las contrataciones son compatibles con otras figuras docentes.

Una oleada de indignación

La gestión de Ayuso ha generado una oleada de indignación entre sindicatos, colectivos estudiantiles y el propio cuerpo académico. Se han convocado manifestaciones frente a la Asamblea de Madrid para exigir mayores inversiones en educación superior, ya que los rectores consideran insuficiente el aumento del 0,9% en las partidas presupuestarias.

Los críticos señalan que Madrid podría perder una oportunidad histórica para estabilizar a su personal universitario. El programa incluye una financiación estatal de 169 millones de euros para los primeros seis años, mientras que la comunidad aportaría 112 millones para cubrir a 435 ayudantes doctor.

A pesar de sus críticas iniciales, el Gobierno regional parece dispuesto a aceptar las condiciones para no renunciar a los fondos. “La Comunidad ultima la firma del convenio para adaptarlo a la realidad de nuestras universidades públicas”, indicó en un comunicado, aunque sigue calificando el texto ministerial de “ideológico y de nulo valor jurídico”.

El desenlace de este conflicto determinará el futuro inmediato de las universidades madrileñas, que enfrentan una crisis económica y laboral sin precedentes. @mundiario