En Argentina, los farmacéuticos fueron parte de la jornada Los medicamentos y la gente

En Buenos Aires, y en el marco del 25 aniversario de la Ley de Genéricos, se impulsó la firma de un acuerdo sanitario para evitar el uso de marcas comerciales. 

Continuando con el artículo ¿Cuáles son las diferencias entre un medicamento genérico y otro de marca? en el que analizaba la necesidad de sacar a la luz la Ley Nacional Nº  25.649 (de prescripción de medicamentos por su nombre genérico) sancionada el 28 de agosto de 2002, y comúnmente conocida como Ley de Genéricos. Esta fue impulsada por el Kirchnerismo durante la profunda crisis de 2001/2002, y significó un regulador natural de los precios y/o abusos de determinados laboratorios. Este planteo lo hacía considerando el actual escenario político-económico, con altos problemas sociales, donde el debate se ha circunscripto en dar soluciones inmediatas que en muchos casos rozan la demagogia, seguramente con el fin de obtener algún rédito electoral. No obstante, puntualizaba en que se debería reavivar la llama que nos dio muchas soluciones en la última crisis que vivió el país, y que precisamente fue la aplicación de esta norma de medicamentos genéricos, la que si bien está vigente ha sido relegada en cuanto a su aplicación por meros intereses sectoriales y económicos, posicionando en desventaja a los sectores más desfavorecidos.

Como es de público conocimiento el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires –CFPBA-, presidido por la Farmacéutica María Isabel Reinoso, no solo viene bregando por el modelo de Farmacia profesional sino que ha realizado un profundo trabajo con legisladores, nacionales y provinciales, que comienza a mostrar sus frutos. El 15 de diciembre, y en el marco de la proximidad  a cumplirse el 25º aniversario de la Ley de Genéricos, esta entidad provincial fue protagonista en la Jornada “Los medicamentos y la gente” organizada por el Ministerio de Salud, en la que Reinoso destacó: "el medicamento constituye un bien social para todos los países desarrollados, como así también lo establece nuestra Constitución Nacional y la Constitución Provincial que, en el artículo 36, reconoce al medicamento como un bien social que forma parte del derecho a la salud, y a su vez distingue el papel que juegan los profesionales involucrados en la producción y distribución del medicamento. En nuestras Farmacias nos compete el concepto de Dispensa del Medicamento”.  A su vez agregó: "el modelo sanitario y de distribución de las Farmacias constituye un aspecto central en la política de salud de la Provincia” haciendo alusión a que es esencial una farmacia en cada barrio o pueblo que permitirá cuidar el bolsillo del consumidor; "tenemos un importante desafío por delante que es la prescripción por DCI –Denominación Común Internacional-, además de afianzar la relación médico-farmacéutico-paciente, colaborar con las autoridades en el cumplimiento de las normas vigentes, trabajar en el control de la cadena de comercialización del medicamento y también en la universalidad de los convenios para que todos puedan tener un mejor acceso al medicamento".

Es evidente que esta fecha marca otro avance en el fortalecimiento del ejercicio de nuestra profesión y la atención a nuestros pacientes. Si recorremos un poco la historia veremos que la Provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones con más antecedentes en materia de política de medicamentos. Todo comenzó en 1990, con el médico sanitarista Ginés González García quien como Ministro de Salud de la Nación impulsó la norma que habilito al farmacéutico a reemplazar la marca comercial consignada en la receta (Decreto 565/90). En 1993 se hizo obligatorio el consignar exclusivamente el nombre genérico de los medicamentos para aquellas recetas elaboradas en el ámbito público (Ley 11.405), y finalmente, en 2002, se extendió esta obligación al conjunto de las recetas (Ley 12.895).

En marzo de 2015 se arribará a los 25 años de aquella ley original, y esta entidad colegiada fue parte de un nuevo acuerdo sanitario y social entre todas las instituciones públicas y profesionales que intervienen en el mercado del medicamento. Fue una nueva oportunidad para hacer valer una ley cabal que nos ratifica como profesionales del medicamento, y la exigencia para que los médicos prescriban por nombre genérico. Con esta acción concreta se les da a los farmacéuticos la herramienta para ofrecer las alternativas adecuadas a la economía de cada paciente sin que exista ningún tipo de impedimentos que generen tensiones como las que habitualmente se presentan a la hora de sustituir una marca comercial. Con esta medida puntual se permite actualizar la prestación a la obra social más importante del país, PAMI, en la que los médicos de cabecera deberán prescribir por principio activo dejando de lado la marca. Este nuevo acuerdo sanitario viene a ratificar las acciones que llevó adelante, en septiembre, el CFPBA  donde a través de notas dirigidas a las UGLs de PAMI se les exigió a los médicos la prescripción por monodroga, evitando el nombre comercial de los medicamentos, un accionar que como expresé más arriba va en desmedro de los más débiles.

Para finalizar, cabe agregar que la prescripción por Nombre Genérico tuvo un impacto social sumamente importante al reducir la posibilidad de que los laboratorios impongan valores abusivos a los fármacos, debido a que cada paciente tiene en sus manos la posibilidad, y el poder, de elegir el precio más conveniente a su economía. Esta norma es un instrumento que permite de manera contundente y efectiva controlar la suba de los precios sin tener que entrar en medidas como la de los “precios cuidados”. Por otra parte, permite a la farmacia tener un stock más limitado y de ese modo reduce las exuberantes inversiones para sostener un sistema que termina siendo peligroso y destructivo.

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Fuente: Departamento de prensa del CFPBA