El apagón causó el fallecimiento de cinco personas de forma indirecta

La catástrofe energética vivida recientemente en la Península no solo ha sacudido la red eléctrica nacional, sino que ha tenido consecuencias dramáticas para la ciudadanía. A las pérdidas económicas, al caos institucional y a la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema, hay que sumar un balance inasumible: cinco personas fallecidas por causas que, si bien no fueron consecuencia directa del fallo eléctrico, sí derivaron de él de forma inequívoca. Este apagón no ha sido solo un fallo técnico; ha sido un espejo que refleja la desprotección de la ciudadanía cuando el Estado y los servicios básicos fallan simultáneamente.

Uno de los episodios más desgarradores tuvo lugar en la pequeña localidad de Taboadela, en Ourense. Allí, un matrimonio y su hijo fallecieron en su vivienda por la inhalación de monóxido de carbono, aparentemente producido por un generador mal ventilado. Se trata de una familia que, ante la falta de suministro eléctrico, optó por una solución que, lejos de rescatarles del colapso, se convirtió en una trampa mortal. El uso de generadores en espacios cerrados sin sistemas adecuados de evacuación de gases es extremadamente peligroso, pero también comprensible cuando no existen alternativas y no se cuenta con información o recursos.

En otros puntos del país, la situación no fue menos desoladora. En Alzira, Valencia, una mujer de 46 años que dependía de una máquina de oxígeno para vivir murió cuando el dispositivo dejó de funcionar por la falta de electricidad. La vulnerabilidad de las personas con patologías crónicas ha quedado brutalmente expuesta: sin un sistema que garantice el respaldo energético para equipos médicos vitales, la salud queda en manos del azar.

Madrid también registró una víctima. En el distrito de Carabanchel, una vela encendida durante el apagón habría originado un incendio que acabó con la vida de una mujer. Las llamas se propagaron por su vivienda y afectaron incluso a vecinos colindantes. No solo la precariedad energética mató, también la improvisación forzada, las soluciones desesperadas que se buscan cuando el sistema deja a la gente en la oscuridad sin alternativa alguna.

Detrás de estos casos, más allá de la fatalidad, hay una misma línea narrativa: la falta de un plan de contingencia real y efectivo para proteger a la población en contextos de emergencia energética. El apagón se produjo en pleno debate sobre el futuro del modelo energético español, con posturas enfrentadas sobre el peso de las renovables, el desmantelamiento de las nucleares y la capacidad de respuesta del sistema ante perturbaciones graves. Pero mientras se discute la política energética en el Congreso o en Bruselas, las víctimas se acumulan en las casas sin luz.

Lo sucedido debería suponer un punto de inflexión. No basta con que las autoridades técnicas descarten ciberataques o nieguen errores humanos. No basta con anunciar investigaciones. Es imprescindible abordar con urgencia una revisión profunda del sistema eléctrico desde una óptica social, y no solo tecnológica. La transición energética debe ser resiliente y solidaria, capaz de sostener la vida en momentos de crisis.

La sociedad ha asistido a un colapso que va más allá de lo eléctrico: es un colapso de la confianza. La confianza en que los sistemas públicos sabrán prever, actuar y proteger. La confianza en que la modernización energética no dejará atrás a los más vulnerables. Si algo ha dejado claro este apagón, es que cuando la luz se apaga, las desigualdades brillan con más intensidad. Y, en esta ocasión, se han cobrado vidas.

¿Estamos preparados para evitar que vuelva a ocurrir? La respuesta, tristemente, es no. @mundiario