El alto coste de las nucleares: el conflicto entre las eléctricas y el Gobierno
El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España está marcado por un factor clave: los números. Con cinco centrales aún operativas, la cuestión no es solo ideológica, sino económica. ¿Es viable mantenerlas activas más allá de lo previsto en la planificación energética aprobada por el Gobierno y respaldada por Bruselas? Uno de los costes más determinantes es el de la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro de las plantas, gastos que lastran su competitividad frente a las renovables y el almacenamiento eléctrico.
Este coste recae sobre las grandes eléctricas propietarias de las nucleares, que deben asumirlo mediante tasas fijadas por el Gobierno y gestionadas por Enresa, la empresa pública responsable del tratamiento de los residuos radiactivos. En junio de 2023, el Ejecutivo aprobó un incremento del 30% en estas tasas tras actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), vigente desde diciembre del mismo año. En respuesta, Iberdrola ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra Enresa reclamando 323,94 millones de euros por daños y perjuicios derivados de la subida.
La batalla entre Iberdrola y el Gobierno
Iberdrola no está sola en su ofensiva legal. Endesa, Iberenergía y el Foro Nuclear, el lobby que agrupa a la industria atómica, también recurrieron el incremento de la tasa ante el Tribunal Supremo en septiembre de 2023. Sin embargo, la eléctrica ha dado un paso más al presentar esta nueva demanda contra Enresa, alegando un perjuicio económico concreto. Según fuentes de la compañía, el Gobierno ha "cambiado las reglas de juego unilateralmente" al modificar el sistema de almacenamiento de residuos sin consultar con las eléctricas.
El protocolo firmado en 2019 entre el Gobierno y las empresas fijó un calendario de cierre de las centrales que comenzará con Almaraz en 2027 y finalizará con Trillo en 2035. Además, establecía un tope a la subida de tasas para la gestión de residuos. Pero el cambio en la estrategia de almacenamiento ha encarecido los costes.
Inicialmente, el plan contemplaba un único depósito centralizado para los residuos más peligrosos, pero el Gobierno descartó esta opción ante la falta de consenso autonómico. En su lugar, optó por distribuirlos en siete almacenes temporales ubicados en las propias centrales, lo que ha generado una escalada en los gastos que las eléctricas deben cubrir.
¿Cambio de postura de las eléctricas?
Curiosamente, la base legal de la reclamación de las eléctricas se fundamenta en el supuesto incumplimiento del protocolo de 2019, que defendía el cierre escalonado de las centrales. No obstante, en los últimos meses, las compañías han insinuado la posibilidad de prolongar la vida útil de las plantas, siempre que se revise la fiscalidad nuclear y se reduzcan impuestos como la tasa Enresa. Sin embargo, el Gobierno niega haber recibido una propuesta formal en este sentido.
En una reciente reunión con las eléctricas, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, reiteró que el coste de la gestión de residuos no debe recaer en los ciudadanos, sino en las empresas, en línea con el principio "quien contamina, paga". Por su parte, el sector pronuclear argumenta que la incertidumbre geopolítica y los retos del almacenamiento energético justifican reconsiderar el cierre de las nucleares, que actualmente generan en torno al 20% de la electricidad del país.
El Ministerio de Transición Ecológica aún no ha recibido formalmente la demanda de Iberdrola, pero se mantiene firme en su postura: el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos son costes inherentes a la operación nuclear que deben ser cubiertos por las eléctricas. Así, mientras el pulso entre el Gobierno y las empresas continúa, la pregunta esencial sigue sin respuesta definitiva: ¿siguen siendo rentables las nucleares en España? @mundiario