Aflora el clientelismo de compra-venta legislativo de China respecto de España

Símbolos de la justicia.
Símbolos de la justicia.

La proposición de reforma de la justicia universal, además de contentar a China, cede a las presiones de otros Estados como Israel o los Estados Unidos de América, entre otros.

Aflora el clientelismo de compra-venta legislativo de China respecto de España

La proposición de reforma de la justicia universal, además de contentar a China, cede a las presiones de otros Estados como Israel o los Estados Unidos de América, entre otros.

España, en los últimos años, ha sido pionera en la defensa de los Derechos Humanos, pero al Gobierno de Mariano Rajoy no parece importale mucho. Su propuesta de modificación del principio de Justicia Universal debilita el Estado de Derecho, contraviene el Derecho internacional, destroza los Derechos Humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad.

La modificación de la ley orgánica del poder judicial en España relativa a la justicia universal es, de hecho, contraria al derecho internacional y a la propia Constitución española. Como advierte Manuel Ollé Sesé, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió que muchos de los crímenes internacionales, sujetos al principio cosmopolita, no podían quedar impunes y que debían ser perseguidos por los Estados con independencia del lugar donde se cometieron y de la nacionalidad de las víctimas y victimarios.

Pero no solo el letrado Ollé piensa así. Muchos otros abogados y juristas también están en contra de la pretendida reforma, que supondrá la práctica derogación del principio de jurisdicción universal en el orbe normativo español.

¿Cuáles son los pilares de la reforma? En primer lugar, según explica este profesor, incrementa el catálogo de delitos susceptibles de persecución universal.  En segundo lugar, restringe el ejercicio jurisdiccional universal a la presencia de determinados requisitos de conexión con el hecho delictivo: que el responsable del ilícito penal internacional sea español o extranjero con residencia habitual en España, que la víctima sea española, o que se hubiere denegado la extradición de un extranjero por parte de las autoridades españolas; puntos de conexión que especifica respecto de cada delito, exigiendo su presencia de forma acumulativa o alternativa.  En tercer lugar, refuerza el carácter subsidiario de la jurisdicción universal, adoptando estándares de verificabilidad respecto de la eficacia del eventual enjuiciamiento de los mismos hechos en otros tribunales; estándares semejantes a los señalados en el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En cuarto lugar, suprime el ejercicio de la acusación popular y, por último, en la disposición transitoria única ordena el sobreseimiento de todas las causas en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la proposición.

La futura reforma parece establecer víctimas españolas de primera y de segunda categoría, al privilegiar a las víctimas del terrorismo, respecto de las de otros delitos, de tal suerte que los tribunales españoles podrán ejercer la jurisdicción respecto de este delito por el mero hecho de que la víctima sea española. Este extremo demuestra, por ejemplo, la discriminación respecto de la tutela judicial efectiva de víctimas españolas de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en la que no basta ser nacional español sino que se requieren otras exigencias adicionales. Gráficamente: una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición.

Según Manuel Ollé, el exterminio del ejercicio universal de la acusación popular supone de facto dejar el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal, además del debilitamiento del acopio de elementos de prueba en los procedimientos seguidos por este principio universal.  La experiencia demuestra que la iniciativa procesal y el peso de la actividad probatoria acusatoria se deben, en gran medida, a las acusaciones populares, ejercidas, por lo general, por asociaciones defensoras de Derecho Humanos.   No parece muy sensato pensar que víctimas de estos execrables crímenes tengan posibilidades para ejercer la acusación particular.  Además, la acusación popular, como es sabido, goza de protección constitucional en el artículo 125 de la Constitución española.

En definitiva, la propuesta choca frontalmente con el derecho internacional, al pretender modificar tratados internacionales y, además, vulnera la Constitución española. ¿O acaso puede contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional por la que se determinó la naturaleza de este principio universal y estableció su carácter puro o absoluto y concurrente?

En esta tesitura, como explica este experto, no es difícil adivinar que la reforma obedece a motivos extra jurídicos.  Los elementos objetivos que anteceden a la proposición, que no son otros que las órdenes de detención internacional con fines de extradición, decretadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2, contra ex dirigentes de la República Popular China, certifican que la verdadera causa motivadora de la reforma es estrictamente económica e impuesta por China.

"Llama poderosamente la atención -razona también Manuel Ollé- que la tramitación parlamentaria de la propuesta sea 'exprés' –al imponerse un trámite de lectura única- sustrayéndola, a pesar del calado de la misma, de todo debate parlamentario interno y externo.  El clientelismo de compra-venta legislativo de China respecto de España aflora".

La proposición, además de contentar a China, cede a las presiones de otros Estados como Israel o los Estados Unidos de América, entre otros.

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