Activistas y periodistas en 42 países sufren intimidación por colaborar con la ONU
Un informe del titular de la ONU alerta sobre el aumento de evidencias que demuestran la vigilancia en línea, los ciberataques y las restricciones que sufren múltiples colaboradores del organismo.
Leyes restrictivas, detención y actos de vigilancia en línea y fuera de ella; estas fueron las represalias e intimidaciones que sufrieron múltiples colaboradores de la ONU en materia de derechos humanos en 42 países, según un nuevo informe de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
El documento presentado este jueves sostiene que, los defensores de derechos humanos y los periodistas fueron los principales afectados por los actos intimidatorios de Estados y agentes no estatales. Asimismo, los casos incluidos en el informe se produjeron entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, perjudicando a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas o utilizaron los procedimientos de la ONU para intercambiar información y testimonios, y solicitar reparación por violaciones y abusos contra los derechos humanos.
Por su parte, Ilze Brands Kehris, susbsecretaria general de Derechos Humanos, manifestó que “este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU. Y sabemos que, por impactante que sea esta cifra, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian”.
Las violaciones de derechos humanos no conocen fronteras
De acuerdo con el informe, las denuncias de vigilancia de personas y grupos que cooperan con la ONU se produjeron en todas las regiones del mundo. Incluso, señala que la pandemia de la Covid-19 aumentó los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la privacidad.
Los castigos de los colaboradores de las Naciones Unidas varían. Pueden ser desde largas penas de prisión, arresto domiciliario o autocensura, lo que afecta de forma desproporcionada a pueblos indígenas, minorías y defensores medioambientales, además de a aquellas personas que sufren discriminación por motivos de edad, orientación sexual y género.
Ante esta situación catalogada por Kehris como desalentadora, añadió que seguirán “trabajando para garantizar que todos puedan colaborar con la ONU de forma segura”.
Regímenes dictatoriales
Nicaragua y Venezuela forman parte de esta lista de naciones intimidatorias. Y es que, el primer trimestre de 2022 estuvo caracterizado por la clausura de más de 130 ONG en el país presidido por Daniel Ortega, lo que limitó la capacidad y voluntad de operar y cooperar con las Naciones Unidas.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos condenó todos los actos de intimidación y represalia, tanto en internet como fuera del espacio virtual, por parte de actores estatales y no estatales, por lo que pidió al “Gobierno que impida, se abstenga y condene públicamente, investigue y castigue cualquier acto de intimidación o represalia”.
Por otro lado, en el caso venezolano, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales siguieron planteando su preocupación por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo, incluso los que tienen relación con la aplicación de los programas humanitarios de las Naciones Unidas. @mundiario
