Abusos en México: expertos destacan la aplicación excesiva de la prisión preventiva
Al terminar una visita oficial, la delegación especializada en detenciones arbitrarias reconoce los desafíos de México en el contexto del crimen organizado; sin embargo, llama a afrontarlos respetando plenamente los derechos humanos.
Expertos de la ONU que conforman el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han emitido una serie de advertencias en una conferencia de prensa al término de su visita oficial a México. A pesar de algunos avances en la lucha contra las detenciones arbitrarias en el país en los últimos años, los expertos destacaron que aún se necesitan reformas significativas para garantizar los derechos humanos.
Uno de los principales problemas señalados por el Grupo es el uso excesivo de la prisión preventiva, que, junto con el arraigo, es una práctica obligatoria para muchos delitos según la Constitución mexicana. Miriam Estrada-Castillo, miembro del Grupo, destacó que esta medida representa una violación de los derechos humanos y va en contra de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su eliminación. Además, el periodo de detención preventiva a menudo es demasiado largo y puede llevar a la autoinculpación debido al desconocimiento de los derechos.
El Grupo también señaló que las detenciones por delitos flagrantes a menudo se llevan a cabo sin una orden previa, lo que las convierte en detenciones arbitrarias, ya que contravienen las leyes que exigen que estos casos sean llevados ante un juez de manera inmediata.
En el contexto de la política antidrogas, se destacó que México se ha vuelto más punitivo desde 2006, penalizando la posesión de estupefacientes incluso en cantidades mínimas como tráfico de narcóticos. Los expertos instaron a las autoridades a buscar estrategias alternativas a la detención en estos casos.
Falta de registro
Los expertos también expresaron su preocupación por la falta de registro de todas las detenciones, especialmente en el caso de los migrantes. Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones del Grupo, llamó a las autoridades a registrar todas las detenciones realizadas en el país.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, se denunció que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias y carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas.
Otro tema preocupante es el uso excesivo de la fuerza, particularmente desde el momento de la detención hasta que los detenidos son presentados ante una autoridad judicial. Se indicó que en muchos casos se recurre a la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones, y los retrasos en el proceso aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos.
En relación a los migrantes y otros grupos vulnerables, los expertos argumentaron que México debe garantizar que la detención de estas personas sea el último recurso, de duración limitada, y en condiciones dignas, con acceso a asistencia legal y después de una evaluación individualizada.
La misión del Grupo de Trabajo se llevó a cabo en la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, donde se reunieron con diversas autoridades y actores interesados. También visitaron 15 centros de detención y entrevistaron a 173 personas detenidas. El informe final con los hallazgos se presentará en septiembre de 2024 al Consejo de Derechos Humanos. @mundiario