La sanidad privada bajo presión: Ribera Salud investiga a su cúpula tras la polémica
El impacto de los audios difundidos esta semana —en los que se escucha al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, dar directrices para alterar la gestión asistencial del Hospital de Torrejón— ha desencadenado la reacción más contundente que la compañía ha asumido en años. En un comunicado emitido a última hora del miércoles, el grupo anunció que Gallart ha solicitado quedar al margen de cualquier responsabilidad relacionada con el centro sanitario madrileño mientras se lleva a cabo una auditoría “en profundidad”.
La empresa subraya que esta decisión pretende proteger la imagen corporativa y asegurar el cumplimiento de los principios éticos que, según afirma, han guiado su actividad desde su fundación. La investigación interna promete revisar de arriba abajo la operativa del hospital para verificar si se han vulnerado los estándares de calidad asistencial, la legislación vigente o la propia deontología del sector.
Las grabaciones, publicadas por El País, corresponden a un encuentro celebrado el 25 de septiembre en el que Gallart se dirigió a una veintena de mandos intermedios. En ellas, el directivo planteaba que aumentar las listas de espera y descartaba procesos clínicos poco rentables permitiría mejorar la cuenta de resultados. El contenido de esos audios ha abierto un debate de fondo sobre las tensiones entre la lógica empresarial y la atención sanitaria cuando un hospital público es gestionado bajo concesión privada.
Choque político inmediato
La difusión del caso encendió rápidamente los ánimos en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno central. El Ejecutivo regional convocó de urgencia a los responsables de la concesionaria para exigir explicaciones y anunció que adoptará medidas si se confirman prácticas que comprometan la calidad asistencial.
Desde la Moncloa, la respuesta fue aún más contundente. El presidente Pedro Sánchez denunció públicamente lo que considera la “deriva mercantilista” de la sanidad madrileña, afirmando que este episodio ejemplifica los riesgos del modelo privatizado impulsado por el Partido Popular. Sánchez advirtió de que su gobierno defenderá el sistema público “con todos los instrumentos del Estado”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, elevó el tono calificando como inaceptable que “se anteponga el dinero a las vidas”. Desde Más Madrid se preparan acciones legales contra el Ejecutivo regional, mientras que el PSOE madrileño estudia también acudir a los tribunales y ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad para esclarecer responsabilidades.
Ribera Salud intenta contener el daño
El comunicado de Ribera insiste en que la prioridad del grupo y de su accionista mayoritario, Vivalto Santé, continúa siendo el paciente, enfatizando que los servicios del Hospital de Torrejón mantendrán la calidad habitual pese a la controversia. La compañía remarca que siempre ha actuado con rigor dentro del sistema público y que su compromiso con la atención sanitaria no ha variado en sus 26 años de historia.
No obstante, el movimiento de apartar temporalmente a Gallart refleja el calado del impacto reputacional. La auditoría —cuyo alcance no se ha detallado— pretende aclarar si las instrucciones del CEO tuvieron aplicación real o quedaron en una simple reunión interna.
La crisis ha vuelto a poner en el centro del debate el modelo de concesiones sanitarias: defensores y detractores se enrocan en sus posiciones mientras se acumulan las sospechas sobre decisiones de gestión condicionadas por criterios económicos. El caso de Torrejón reabre una discusión que Madrid lleva años arrastrando y que ahora se amplifica con un episodio que combina audios comprometedores, decisiones empresariales cuestionadas y un terremoto político en pleno clima preelectoral. @mundiario