La Junta de Andalucía responde a Bruselas que el acuífero de Doñana “ni se toca ni se afecta”
Una carta firmada por José Enrique Borrallo señala que “la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia”.
La Junta de Andalucía ha respondido oficialmente a la Comisión Europea sobre las advertencias que el organismo ha hecho a raíz de la proposición de Ley del PP y Vox que tramita el Parlamento autonómico para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva. El razonamiento de la Junta está incluido en la carta que el Gobierno de España, único interlocutor con Bruselas, ha enviado a las autoridades comunitarias para explicar la situación.
De acuerdo con el Gobierno andaluz, el texto de la norma no es definitivo y está sujeto a las modificaciones que realicen las enmiendas del resto de grupos parlamentarios autonómicos, por lo que “la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa e indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto”.
El informe, firmado por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, en respuesta al escrito remitido por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, señala que el acuífero del parque nacional “ni se toca ni se afecta”. Incluso, explica que la iniciativa de ampliar los regadíos no es de la Junta de Andalucía, sino del Parlamento andaluz.
Terrenos agrícolas regables
La misiva sostiene que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014 es un “plan de ordenación del territorio” y su posible modificación “no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona”. La proposición de Ley, reza el texto, simplemente “establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro”, por lo que “no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos”.
El texto también deja en claro que no habrá ninguna amnistía para los infractores que han obtenido agua ilegalmente y recuerda que desde 2019 se han multiplicado por cuatro los expedientes sancionadores.
La Junta hace hincapié en su carta en la necesidad de constituir comisiones técnicas bilaterales con el ministerio para “trabajar conjuntamente para acabar con las amenazas actuales de Doñana”. Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha propuesto a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acordar una delegación para explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar a cabo ambas administraciones para el cumplimiento de la sentencia”. @mundiario
