La Zarzuela sobre el regreso de Juan Carlos I: volver sí, pero con residencia fiscal en España
El debate sobre la vuelta definitiva del anterior jefe del Estado ha reaparecido tras la reciente desclasificación de documentos relativos al 23-F y las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, partidario de que el monarca emérito regrese a España.
Desde la Casa del Rey se recuerda que Juan Carlos I puede volver “cuando quiera”. Sin embargo, se introduce un matiz clave: si ese retorno implica fijar de nuevo su residencia habitual en territorio español, debería también asumir las obligaciones fiscales correspondientes. El argumento es institucional. Recuperar la residencia fiscal contribuiría, según fuentes de Zarzuela, a blindar tanto su reputación personal como la de la propia institución monárquica frente a especulaciones o críticas.
La situación fiscal actual
Desde su marcha a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020, el rey emérito dejó de ser residente fiscal en España. Esa condición le exime de tributar en el país por sus ingresos globales y de rendir cuentas periódicas ante la Agencia Tributaria española, siempre que no supere el límite de estancia que obliga a cambiar la residencia fiscal (más de 183 días al año).
Las investigaciones abiertas en su día por presuntas irregularidades fiscales quedaron archivadas por distintos motivos: prescripción de posibles delitos, inviolabilidad durante su etapa como jefe del Estado y regularizaciones tributarias efectuadas en 2020 y 2021 por varios millones de euros. Formalmente, no mantiene deudas pendientes con Hacienda. No obstante, un regreso estable a España le situaría de nuevo bajo el régimen fiscal ordinario aplicable a cualquier ciudadano.
Según su entorno, Juan Carlos I prevé intensificar sus desplazamientos a España en los próximos meses, con estancias periódicas de pocos días para participar en regatas en Sanxenxo, acudir a revisiones médicas y mantener contactos personales. Estas visitas son compatibles con mantener su residencia fiscal en el extranjero, siempre que no rebase el umbral anual establecido por la ley.
La diferencia entre visitas recurrentes y traslado definitivo es, por tanto, determinante. La Casa del Rey distingue claramente entre ambos escenarios.
El factor político
El posicionamiento público de Feijóo, que considera “deseable” el regreso del emérito tras la desclasificación de los documentos del 23-F, ha reactivado el debate. El líder popular sostiene que quien desempeñó un papel relevante en la defensa del orden constitucional debería poder concluir su vida en su país.
Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha restado importancia a la propuesta y la ha enmarcado en la confrontación política, calificándola de maniobra distractora.
El trasfondo es evidente: cualquier decisión sobre el regreso definitivo del rey emérito tendría repercusiones institucionales y políticas de primer orden. No solo afectaría a su situación personal, sino también a la estrategia de preservación de la imagen de la Corona bajo el reinado de Felipe VI.
En última instancia, la cuestión no se reduce a si Juan Carlos I puede volver —nadie lo discute jurídicamente—, sino en qué condiciones debería hacerlo. Para Zarzuela, el principio rector es claro: cualquier paso debe reforzar la credibilidad institucional.
Recuperar la residencia fiscal en España se interpreta como un gesto de normalización y coherencia con ese objetivo. La decisión final, sin embargo, sigue dependiendo exclusivamente del propio monarca emérito. @mundiario