A vueltas con la financiación de los partidos políticos

El 23 de febrero de 1981 sonaron en el Congreso los disparos que establecieron el modelo de bipartidismo. Para gestionarlo hemos elegido a personas como González, Pujol, Aznar o Rajoy, tan ambiciosos de poder como nada motivados por la lucha contra los delitos continuados que se cometían, o se siguen cometiendo, en sus propios partidos políticos. 

Algo tendremos que hacer con el PP, el PSOE y la antigua CDC, los partidos que más han tergiversado la voluntad popular durante las últimas décadas a base de competir con recursos económicos conseguidos fuera de la ley. No podemos regresar al pasado para recorrerlo de nuevo, pero sí partir hacia el futuro empezando por hacer justicia.

Es probable que con la investidura de Rajoy se abra el debate necesario para recomponer la democracia. Si de algo sirve Europa es para bloquear la aparición de peligros como Franco o Tejero. Al menos de momento.

No está de más una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la financiación ilegal del PP. Ahora que se estila negociar la reducción de condena con la fiscalía conviene hacer una propuesta a los que sean declarados culpables: para no ser inmediatamente intervenidos deberían entregar extractos de todos los movimientos de sus cajas de efectivo, de cualquier color, más los de todas las cuentas bancarias en España, Suiza y otros países o paraísos, a nombre del propio partido o de gerentes y otros testaferros, desde una fecha simbólica, por ejemplo la de la aprobación de la Constitución en 1978, noticia que sería la ideal para celebrar de verdad su aniversario. Todo lo que no cuadre tras un auditoría externa, y/o con lo que hayan declarado al Tribunal de Cuentas, deberán reconocerlo como deuda y establecer unos plazos para cancelarla, ingresando el dinero en una cuenta bancaria a nombre del Estado y transparente para todos los ciudadanos en tiempo real. Si no pueden pagar, se les expropiarán los bienes a su nombre y también los ingresos futuros, como por ejemplo las subvenciones que puedan recibir por resultados electorales.

No sería tan grave si la financiación ilegal de los partidos no hubiera servido para envenenar por dentro la propia democracia en las campañas electorales. Convocatoria Cívica, asociación presidida por el juez Baltasar Garzón, está promoviendo una campaña de recogida de firmas para exigir una auditoría de la gestión electoral que realiza el Ministerio del Interior, más que sospechosa por las irregularidades halladas, especialmente en los censos electorales. Para rizar el rizo de todo lo podrido. Es aquí, en www.convocatoriacivica.es.