¿A qué viene que Zapatero aconseje al Supremo que no haga justicia?

¿A qué viene que, a estas alturas, Zapatero salga al ruedo a echarle a un capote a los independentistas catalanes pendiente de sentencia por el presunto delito de rebelión o sedición? ¿Quién es este licenciado en Derecho ,sin obra conocida ni experiencia en el foro, para emplazar al Tribunal Supremo de Justicia para que dicte una sentencia que no perjudique el diálogo con los rebeldes y sus camaradas que un día sí y otro también anuncian que no han cambiado de objetivo y llevan abiertas, o están en camino de abrir, hasta 11 embajadas como si fueran un país soberano?

Esta intromisión del ex presidente del Gobierno recuerda ahora alguna de sus otras salidas de pata de banco. Todavía se recuerda cuando secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le recomendó que “no fuera imbécil” y no defendiera, como un pro cónsul, la "dictadura" del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

Ni como mediador ni como politólogo, Zapatero goza del menor prestigio para meterse, como suele hacer, en camisas de once varas. La llamada “Alianza de Civilizaciones”, su gran idea, obtuvo en su día la adecuada respuesta del prestigioso diplomático británico Shaun Riordan, quien escribió. “¿Alianza de civilizaciones o alianza de civilizados?: Los éxitos de la Alianza de Civilizaciones son meramente presentacionales. La necesidad de un nuevo enfoque en la diplomacia del siglo XXI es incuestionable; sin embargo, la Alianza de Civilizaciones no es la respuesta. Presenta problemas tanto teóricos como prácticos, sobre todo en cuanto al enfoque de los conflictos y de las diferencias entre civilizaciones y valores, que incluso podrían empeorar el clima internacional”.

Peligro inminente

Peligro inminente: Zapatero vuelve a reivindicar el Estatut no constitucional que apadrinó en 2006, y que el doctor Sánchez ha sugerido reponer mediante leyes orgánicas –que volverán a ser no constitucionales-. Cataluña tendría, según aquel, un sistema judicial propio y el Estado no podría legislar para aquella región incluso en competencias no cedidas.  En su día, por aquel Estatut, el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban, dijo que Zapatero era un insensato.

El origen del proceso que vivimos con respecto a Cataluña tiene dos palancas originales: la petición que Mas hizo a Rajoy de un pacto fiscal como el del País Vasco, el concierto vasco, y Estatut de 2006, que Zapatero apadrinó para su amigo Maragall. Que no era urgente renovar el Estatut lo demuestra que puesto refrendo no lo votó ni la mitad de los electores. En el programa del PSOE para las pasadas elecciones se incluía otro Estatut y una votación en referéndum, paso ordinario, pero expresado de modo que parecía otra cosa.

Aceptaría, y vuelve a cargar contra el Tribunal Constitucional, pasando por encima de la serie de aspectos que, en modo alguno cabían dentro de la Constitución. La sentencia que al ex presidente ni gustó aclaró que aquella región puede reclamarse como “nación” exclusivamente en sentido cultural. En sentido jurídico-constitucional, la Constitución no conoce otra que la Nación española en la que la Constitución se fundamenta y con la que se cualifica expresamente la soberanía que es ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido. En suma, que una nación cultural no es lo mismo que una nación política.

Zapatero bendecía que el Estado perdiera la capacidad de ejercer, con respecto a Cataluña competencias esenciales, como dejar fuera del control del Constitucional, si el caso llegara, los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento. Del mismo, se borraba la capacidad de que el Defensor del Pueblo pudiera intervenir en los asuntos de Cataluña, al otorgar al Síndic de Greuges la capacidad de supervisar con carácter exclusivo la actividad de la Administración de la Generalitat.

El ex presidente pide al Supremo una sentencia moderada

Además, el Estatuto impedía la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial y que es exclusivo del Estado, creando su propio Consejo de Justicia de Cataluña. En materia legislativa y reglamentaria el Estatuto obviaba que las normas reglamentarias y los actos de ejecución del Estado tienen un “carácter básico” y, por ello, no puede corresponder a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, ni siquiera en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, puesto que el concepto, el contenido y el alcance de las bases no pueden ser, por regla general, distintos para cada comunidad, pues en otro caso el Estado tendría que dictar uno u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada estatuto de autonomía. Nuevo agravio comparativo que se crearía con las demás Comunidades.

Otra cuestión de gran importancia hacía referencia a la fiscalidad. El Estatuto disponía que solo Cataluña haría el esfuerzo fiscal que debe realizar cada Comunidad siempre que las demás Comunidades llevan a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En tal sentido, contravenía la norma constitucional no solo porque exclusivamente corresponde al Estado establecer ese esfuerzo sino porque también vulnera la “autonomía financiera” del resto de las Comunidades Finalmente, el Estatuto se atribuía la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales, siendo esta una potestad «exclusiva y excluyente» del Estado.

¿De quién depende la convivencia?

Todo esto le parecía bien a Zapatero y otras cosas más. Pero ahora vuelve sobre el terreno, tras revelar que ha mantenido contacto telefónico con el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, actualmente en prisión a la espera de sentencia por el juicio del 1-O. Aunque no ha dicho de qué hablaron; si bien adelanta con enorme imprudencia lo que, a su entender, debe hacer el Supremo, que se supone está para cumplir la ley y no para componendas. Pero ladinamente, tras la referencia al obligado respeto al Supremo le impone como misión que dicte “una sentencia que nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia", y rubrica que es partidario –antes de conocer la sentencia- de otorgar los indultos si los piden.

O sea, que la convivencia depende de que el Supremo sea benévolo y no de que los separatistas catalanes sigan desafiando al Estado, abriendo embajadas, convocando a la resistencia civil y todo lo demás”

Cuando todavía está caliente el escándalo de las revelaciones de las actas de las negociaciones con ETA y de las graves cesiones y responsabilidades de Zapatero ante las demandas de la organización terrorista, ahora aparece con esto. @mundiario