El veto del PP a un juez cercano a Unidas Podemos bloquea la renovación del Poder Judicial
Las negociaciones se han roto. El Gobierno y la oposición no logran ponerse de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La situación está bloqueada. El escollo principal: el veto a un juez cercano a Unidas Podemos que fue clave en la sentencia del caso Gürtel, que impulsó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.
El jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes que los populares rectifiquen su postura, luego de que la discusión se rompiera en la madrugada, cuando el acuerdo parecía encarrilado. Unidas Podemos reclamaba que el juez José Ricardo de Prada estuviera entre los vocales y el PP se negó en redondo, lo que ha enterrado cualquier posibilidad de acuerdo.
La rectificación del PP, ¿la única salida?
El líder socialista ha defendido a De Prada -aunque sin citarlo- asegurando que los populares no pueden vetar a candidatos “con un curriculum acreditado”. La oposición también ha vetado a Victoria Rosell, exdiputada de Unidas Podemos, pero fuentes de ambos sectores han admitido que el obstáculo definitivo del acuerdo es el juez, que fue pieza clave en la sentencia de la trama de corrupción que sacó al PP del poder en 2018.
Unidas Podemos no aceptó el veto y el PSOE, que gobierna en coalición, no podía permitirse una ruptura con su socio en un asunto clave. Sánchez ha sido claro en su declaración: la única salida es la rectificación del PP.
“Espero que la oposición abandone el bloqueo. Con la emergencia que estamos viviendo, España se merece a una oposición que camine por el camino del diálogo. Cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo hay voluntad. Los nombres propuestos no dejan de ser personas con un curriculum, acreditadas. Hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación. El bloqueo no puede ser la alternativa al acuerdo”, ha afirmado el jefe de Gobierno. “Con RTVE hemos logrado un consenso que no teníamos desde hace 15 años. Ahí todas las partes cedimos en nuestras pretensiones iniciales. No se entiende el bloqueo en el Poder Judicial y el resto de órganos. Hemos sido flexibles planteando alternativas. Esperemos que la oposición recapacite. España necesita un nuevo clima político de concordia”.
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En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha lamentado este viernes que los de Casado pongan el “foco delante de personas con nombres y apellidos” a la hora de negociar la renovación del Poder Judicial. “Yo no voy a sacar nombres a relucir. Lo importante es que los jueces actúen como tal de manera imparcial con las normas que les damos. Como esto es lo más importante, cuando se baila con tantos nombres para [decir] sí o para vetar acaban siendo muy difíciles las cosas. Lo más importante es la calidad del currículum de las personas que llegan al órgano, porque esa calidad está objetivada y son requisitos que hay que cumplir antes de proponerlos”, ha subrayado.
La pelota está en el tejado del PSOE
Pero parece que el PP no está dispuesto a aceptar, bajo ningún concepto, tener que votar como vocal a uno de los artífices de la condena por corrupción que derivó en la moción de censura que marcó la historia del partido. Pablo Casado, por su parte, ha justificado el veto a José Ricardo de Prada y Victoria Rosell en el hecho de que el PP "no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia". La formación considera que permitir que el juez sea nombrado vocal del Consejo sería "una ilegalidad", ya que la renovación debe ser para "fortalecer las instituciones y no para debilitarlas".
Fuentes del partido han agregado que De Padra "no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello", lo que supone "un fraude de ley" por parte de "un juez que pretende entrar al consejo por la puerta de atrás".
Los populares han instado al Ejecutivo a "solucionar sus cosas" y su "lío interno" con la formación de Pablo Iglesias. "La pelota está en el tejado del PSOE", han dicho.
La ruptura de las negociaciones deja en el aire, además, la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. @mundiario
