¿De verdad queremos cepillarnos las diputaciones en España?
En ese caso tendremos que inventarnos otra figura porque sus funciones responden a una necesidad real de satisfacción de intereses públicos, opina esta autora.
La división provincial de España, esbozada en las Cortes de Cádiz, tomó forma definitiva en 1833. Hasta hoy, dos siglos después, seguía sorprendentemente intacta.
Las Comunidades Autónomas cuentan con apenas treinta y cinco años, pero son aquellas y no éstas las que corren el riesgo de desaparecer.
Duplicidades, nepotismo, corruptelas... Pecados que, por lo visto, son exclusivos del ámbito provincial.
Si no existieran las diputaciones tendríamos que inventárnoslas porque sus funciones hay que cubrirlas en la medida en que responden a una necesidad real de satisfacción de intereses públicos. No en vano, el Tribunal Constitucional ha identificado el núcleo duro del contenido esencial de la autonomía provincial en la función de asistencia y cooperación con los municipios.
Por eso sorprende la idea de crear nuevos instrumentos de coordinación de las políticas locales cuando, precisamente, lo que sobran son entidades locales, algunas verdaderamente inviables. Existen, según el Ministerio de Hacienda, 13.023 unidades territoriales de ámbito local (mancomunidades, consorcios locales, agrupaciones de municipios y chiringuitos varios...) de las que sólo 8.112 son ayuntamientos.
Cuando la Diputación cumple una función de asistencia a aquellos municipios que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solos, la Diputación resulta vital
Ante esta inflación lo que procede es reducir el número de municipios.
Ciertamente, cuando la Diputación se convierte en un simple intermediario entre otras instancias del Estado y el municipio o en un mero e interesado repartidor de subvenciones otorgadas por otros, la Diputación sobra. Pero cuando la Diputación cumple una función de asistencia a aquellos municipios que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solos, la Diputación resulta vital. Evita que la competencia municipal salte al nivel de la administración autonómica, garantizando la autonomía local y, en última instancia, la democracia y el pluralismo político, que siempre ganan con la descentralización política.
En un Estado medio desaparecido, la supresión de las diputaciones provinciales fortalecería a las comunidades autónomas, que asumirían la mayor parte de sus competencias, gozando, así, de un poder omnímodo. ¿Es eso lo que queremos?
