Venezuela: entre el Socialismo del Siglo XXI y la crisis del Estado asistencial

Se puede decir que a raíz del boom petrolero se hicieron inversiones privadas y públicas. Estas últimas, especialmente, se ejecutaron sin planificación, fortaleciendo un modelo de capitalismo de Estado que ocasionó un crecimiento exagerado de la estructura gubernamental y de las empresas públicas, mal concebidas y peor gerenciadas. Los precios del petróleo han variado y las inversiones públicas también, según Moreno (2001) en 1978 el Producto Interno Bruto (PIB) era de un 45% y las inversiones públicas llegaron a su monto más alto, después comenzó a decrecer y empeoró en 1983 con el descenso de los precios del petróleo, manteniéndose desde ese año el PIB en valores inferiores al 20%, trayendo como consecuencia la obsolescencia del parque industrial, al no reponerse y por consiguiente descendió la productividad y la caída del salario real.

Durante los últimos quince años en Venezuela se adoptó un sistema político con alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida en sociedad, que sus promotores denominaron “Socialismo del Siglo XXI”. El orden institucional se tornó altamente discrecional para aplicar políticas populistas clientelares, ejerciendo un poder casi hegemónico por el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Las libertades política, económica y civiles se han visto cada vez más restringidas, dado que el régimen ha interpretado, cambiado y acomodado la constitución y las leyes a los intereses del grupo gobernante. Esto ha provocado abuso de poder político, corrupción rampante, altos niveles de inseguridad ciudadana, escasez, inflación, restricción a los derechos de asociación y expresión, entre otros.

El régimen autoritario chavista ha concentrado el poder a través del control de las instituciones políticas y la toma de la economía mediante controles de precios y cambiarios, expropiaciones, la dirección del crédito y la explotación de la empresa estatal petrolera, entre otras medidas. En noviembre del 2013 entró en vigencia una Ley Habilitante otorgando poder casi ilimitado y discrecional al Presidente de Venezuela para emitir decretos con fuerza de ley. En definitiva, la concentración de poder se ha alimentado de sofocar los derechos individuales de los ciudadanos. Los venezolanos iniciaron protestas desde inicios de febrero del presente año que todavía siguen en pie. Lo que presenciamos es una crisis económica, social y política sin precedentes en ese país. No se vislumbra una salida fácil ni rápida, lo que implicará mayor deterioro de la libertad y, consecuentemente, una reducción en la calidad de vida de los venezolanos.

Violación a la propiedad privada

El poder se ejerce sin tomar en consideración los principios económicos más básicos, como el respeto a los derechos de propiedad. Se estima que bajo el régimen de planificación centralizada se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin compensación por valor de mercado. Durante los últimos 15 años se han expropiado empresas o sectores completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y tecnología, entre otros. En noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés “social”.

Bajo el régimen chavista, el Estado venezolano se convirtió en empresario, importador, comercializador y fijador de precios de los más diversos bienes y servicios. Sin embargo, la escasez de productos básicos está a la orden del día. La historia registra el desastre económico que significa una sociedad que fundamenta su economía en las directrices y manejo de los medios de producción desde el Estado.

Bajo el régimen chavista, el Estado venezolano se convirtió en empresario, importador, comercializador y fijador de precios de los más diversos bienes y servicios. Sin embargo, la escasez de productos básicos está a la orden del día.

Con la justificación de que los emprendedores son malandros que sólo obtienen beneficios explotando al prójimo, el régimen chavista ha controlado gran parte de la economía; ha distorsionando el consumo, el ahorro, el crédito, la inversión y la producción. En febrero de este año, el Presidente de Venezuela se expresó de esta forma: “No me subestimen, sectores de la burguesía. Vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”. Esto se hace para combatir una “guerra económica” imaginaria que ha enarbolado el régimen chavista desde sus inicios para justificar sus acciones.

Ambiente de negocios

Desde los inicios del régimen chavista ha habido un ataque frontal a la economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos ocultos que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de empleos y de riquezas. El ambiente de negocios en Venezuela se ha deteriorado e introduce incertidumbre por las expropiaciones, censuras a la libertad de asociación y despilfarro de recursos que utiliza el régimen chavista para concentrar el poder a través del populismo y el clientelismo.

En publicaciones como Haciendo Negocios del Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Venezuela se sitúa como uno de los países con mayores trabas para hacer negocios. La embestida al funcionamiento de la economía de mercado es una de las principales razones de la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Esto sucede porque los incentivos a incursionar en actividades económicas se desvanecen y se producen menor cantidad de bienes y servicios; se genera escasez que resulta en necesidades humanas insatisfechas. El desempleo de factores de producción implican menores salarios, alquileres e ingresos para diversos segmentos de la sociedad.

En un sistema económico que no garantiza los derechos de propiedad no surge el sistema de precios que resuelve problemas de coordinación en la sociedad. Este sistema: (1) Promueve la producción de bienes que realmente valoran las masas; (2) coordina el mejor uso de factores limitados de la producción; y (3) permite coordinar la remuneración a los dueños de factores de la producción, incluyendo el factor trabajo (salarios). Si no funciona el sistema de precios, la coordinación de las actividades económicas se hace imposible; se sustituye el intercambio voluntario y pacífico por relaciones económicas conflictivas.

Un sistema de precios distorsionado, como el que existe en Venezuela, implica el despilfarro de recursos escasos y valiosos que pueden ser utilizados de mejor forma para satisfacer demandas y necesidades humanas. La mejor política social de cualquier gobierno es crear un ambiente de negocios que promueva la inversión, la producción, y la generación de más y mejores empleos productivos, redundando todo ello en más riquezas disponibles y una mejor calidad de vida.

Industria petrolera

Venezuela cuenta con las mayores reservas verificadas de petróleo en el mundo y los ingresos por venta de este producto representan la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. En efecto, los ingresos petroleros representan un 65,7% de los ingresos fiscales; por esto, se señala que el Estado venezolano es un “Petro-Estado”. Por otro lado, las exportaciones petroleras representan 96,6% de las exportaciones totales de bienes, según datos del Banco Mundial. Estas variables evidencian la importancia que significa la industria petrolera para la economía venezolana y lo vulnerable que puede ser una sociedad cuando los que ostentan el poder se subrogan el derecho de disponer de esos recursos. Con instituciones débiles, la discrecionalidad, los privilegios y la corrupción forman parte de la ecuación en la industria petrolera que, dada su importancia, afecta a toda la sociedad.

La empresa que maneja la industria petrolera es la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que surgió en 1976 a partir de la nacionalización de esta industria en 1975. PDVSA ha sido la “vaca lechera” del régimen chavista para aplicar su política populista y clientelista. A pesar de representar un pilar de las finanzas públicas, se han dejado de realizar inversiones y mantenimiento a la infraestructura, trayendo como consecuencia una reducción de la producción diaria de crudo.

La producción actual de PDVSA fue de unos 2,3 millones de barriles por día en abril del año en curso. Esto representa casi una tercera parte menos de la alcanzada en 1997, cuando se producía en torno a los 3,3 millones de barriles diarios. De los 2,3 millones de barriles por día, alrededor de 200.000 se exportaron a los países que suscriben el acuerdo de Petrocaribe y 800 mil barriles fueron consumidos localmente; los casi 1,3 millones de barriles diarios restantes se exportaron al resto del mundo. Las ventas de PDVSA a EE UU se han reducido al nivel más bajo en 28 años y buena parte de la producción se exporta a China para servir una deuda estimada en US$40.000 millones.

Con los altos precios del petróleo desde 2005 hacia acá, el régimen chavista no pudo acumular recursos en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) debido a sus políticas populistas clientelares. La gasolina se vende al público a unos cinco centavos de dólar por galón, lo que representa un subsidio generalizado que aporta al déficit fiscal (en Venezuela, la gasolina es más barata que el agua embotellada). Este precio por debajo de los costos de producción representa un subsidio de más de $25.000 millones anuales.

El déficit de PDVSA que ha generado una política populista y clientelar ha pesado sobre el desarrollo de la industria petrolera y aporta la mayor parte del déficit fiscal venezolano. Esta empresa ha sido una de las más afectada por la burocratización del Estado venezolano, ya que su nómina se ha incrementado de 34.000 trabajadores en 2003 a 104.000 en 2012.7 De hecho, la deuda de PDVSA con el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta abril del presente año ha crecido un 399% con respecto a diciembre del 2011, situándose en $76.000 millones al tipo de cambio oficial.

Ingresos, gasto y deuda públicos

Uno de los factores claves para centralizar el poder en Venezuela es que el Estado obtiene casi dos terceras parte de sus ingresos de la renta petrolera (tributarios y no tributarios) y los ingresos fiscales por concepto de impuestos no-petroleros a ciudadanos representan sólo un 34,3% de los ingresos fiscales. Al no tener que cargar constantemente a los ciudadanos con mayores impuestos para financiar más gasto público, el despilfarro de recursos limitados se hace más fácil. El régimen chavista ha mantenido una política fiscal irresponsable en la medida que mayor gasto público deficitario se traduce en mayor deuda con acreedores en el exterior (principalmente China) y a lo interno (principalmente con el BCV).

Los déficit fiscales se han presentado a pesar del incremento del precio del petróleo, que resultó en mayores ingresos para el Estado. El problema se concentra en un gasto público improductivo, acompañado de transferencia de rentas a grupos particulares con mecanismos poco transparentes. También, subsidios generalizados como el del combustible y la electricidad, entre otros bienes y servicios básicos, implican un mayor gasto público.

Crisis eléctrica

Desde hace varios años Venezuela enfrenta una severa crisis en el sistema eléctrico, ocasionando apagones de varias horas; éstos se concentran mayormente fuera del área metropolitana de Caracas. Esta crisis se fundamenta en problemas técnicos ocasionados por la falta de inversión en mantenimiento y mejora de las redes de transmisión y distribución, principalmente. Dado que Venezuela es un país petrolero, se esperaría que no haya crisis energética. Sin embargo, el orden institucional imperante donde el Estado es propietario del sistema eléctrico luego de estatizarlo, no induce a un manejo eficiente del sistema eléctrico dado que no existen incentivos a que se minimicen las pérdidas. La energía eléctrica es transversal a todos los sectores de la economía, un servicio que se requiere en las distintas actividades económicas: consumo, inversión y producción.

Se estima que más de una tercera parte de la energía eléctrica se pierde entre las empresas de transmisión y, principalmente, de distribución; éstas se producen por redes obsoletas e ineficientes, y por robos de electricidad a nivel de la distribución. Otro problema que presentan las empresas distribuidoras es el cobro de la energía eléctrica, cuando no toda la energía facturada se termina cobrando. Las pérdidas de energía y la falta de pago de usuarios imponen una alta carga a las finanzas públicas, dado que el gobierno otorga cuantiosos subsidios; esos recursos provienen de los ingresos petroleros, impuestos y préstamos al gobierno.

Según informaciones oficiales, la capacidad de generación instalada asciende a unos 24.000 MW; la generación hidroeléctrica representa el 62%, termoeléctrica 35% y el restante 3% a otras fuentes de generación. Con alta dependencia de generación hidroeléctrica, durante épocas de sequía la situación eléctrica empeora. Al perderse una tercera parte de la energía en ineficiencias y robos, la disponibilidad para la distribución queda en unos 16.000 MW (cuando no hay sequías). Con una demanda habitual estimada en 17.500 MW, queda en evidencia el grave problema que enfrenta el sector eléctrico. Definitivamente, la estatización del sector eléctrico ha representado un alto costo para los venezolanos cuando se agregan el costo de la factura a consumidores finales, autogeneración, subsidios generalizados y costo de oportunidad de no contar con un servicio básico confiable.

Conclusión

Venezuela está inmersa en una crisis económica, social y política sin precedentes por políticas públicas que han producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad. La historia demuestra que las ideologías colectivistas implementadas en sociedades humanas requieren, necesariamente, de regímenes autoritarios o totalitarios para llevarlas a la práctica. En cambio, un sistema político, económico y social fundamentado en los derechos a la vida, la libertad y las propiedades individuales, son favorables a que cada quien alcance sus sueños con alta calidad de vida.

Un orden institucional que no protege los derechos de propiedad, ejercicio del poder altamente discrecional y que otorga privilegios de unos sobre otros con altos grados de corrupción es la verdadera explotación del hombre por el hombre. La tozudez del régimen chavista bajo la sombrilla de ideologías colectivistas, el dinero que maneja y la centralización del poder político y económico no son buenos augurios para una Venezuela libre en el corto plazo.

La historia demuestra que las ideologías colectivistas implementadas en sociedades humanas requieren, necesariamente, de regímenes autoritarios o totalitarios para llevarlas a la práctica. En cambio, un sistema político, económico y social fundamentado en los derechos a la vida, la libertad y las propiedades individuales, son favorables a que cada quien alcance sus sueños con alta calidad de vida.

La posibilidad de una hiperinflación no está fuera del panorama en los próximos años, dados los altos déficit fiscales financiados por el BCV, las restricciones cambiarias y los controles de precios. Esto sucedería siempre que no haya un cambio radical en las políticas públicas para promover la economía de mercado. Parecería que la radicalización del grupo en el poder seguirá profundizándose. Actualmente, se destacan militares activos y retirados ocupando los principales cargos públicos y gran parte de la cúpula de las fuerzas armadas se ha politizado, combinándose esto con la influencia del régimen cubano. Todo ello bajo una corriente ideológica denominada “Socialismo del Siglo XXI” que no es más que un disfraz para regímenes autoritarios.

La obstinación de un grupo por aferrarse al poder mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza no es sostenible en el tiempo. Hoy existe sed de libertad en Venezuela. La historia demuestra que un orden institucional que garantiza los derechos de las personas crean el ambiente para la colaboración pacífica e intercambio voluntario ente los miembros de una sociedad. Es precisamente esa colaboración e intercambio que va creando el tejido social. Lo que requiere Venezuela es una democracia liberal con una fuerte economía de mercado, donde las personas puedan alcanzar sus propios sueños colaborando con el prójimo, siempre buscando mejor calidad de vida. Este es el reto de la actual generación en Venezuela.