Venezuela: la corrupción y presuntos salarios de 5.000 dólares ensombrecen el proyecto de Guaidó

El país más potencialmente rico, pero nunca explotado, de América del Sur; Venezuela, atraviesa por un regresivo y engorroso proceso e involución a causa de una crisis política, económica y social sin precedentes en su convulsa historia. Los hechos y el curso de los acontecimientos se aceleraron en el país petrolero de una forma tan vertiginosa, que el escenario político de hoy se configuraba de otra manera al día siguiente, y eso empezó a ocurrir con el surgimiento de una figura o agente político desde el anonimato al salto en la escena pública y en la agenda nacional venezolana.

Un ingeniero industrial de 35 años convertido en diputado de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, llamado Juan Gerardo Guaidó Márquez, decidió y acordó en enero de 2019, junto con el buró político que controla el monopolio de influencias, intereses y dinero en la oposición, investirse como presidente provisional, encargado o interino del país en una evidente declaración de guerra política implícita contra la poderosa estructura de poder y monopolios militares-empresariales que le dan vida y forma al régimen de Nicolás Maduro, líder de la fuerza política que ha cambiado negativamente el sistema de vida en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años –el chavismo– y presidente de facto de una nación que registra los índices de inflación, pobreza de ingresos y recesión económica más altos del mundo.

Y desde que inició su proyecto basado en generar las condiciones políticas, sociales y diplomáticas para que se produzca una negociación interna del poder o una implosión militar que instale un Consejo de Estado con el aval del aparato político, diplomático y geopolítico de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, Guaidó ha recibido el financiamiento del factor de poder global que lo escogió como su agente de transición y reformación del sistema en Venezuela por los potenciales intereses energéticos, financieros y políticos que tiene la Administración de Donald Trump en el país sudamericano.

Cambiar y modificar el estatus quo de control político, económico y social que el régimen de Maduro ha instaurado en el 80% de la población venezolana mediante su control territorial-militar y propagandístico-comunicacional, no es tarea fácil para un sector partidista que se agrupó en el esquema de una especie de “gobierno interino” o “paralelo” a un régimen de facto. Eso requiere mucho, pero mucho dinero.

¿Cuánto es y donde está el dinero del “Gobierno Interino” de Venezuela?

El historial financiero que hasta ahora se conoce sobre el equipo político del “presidente encargado” (reconocido así por 56 países) mediante declaraciones oficiales de EE UU y declaraciones de voceros de su staff a medios internacionales, da cuenta de que la cartera de fondos del gabinete de Guaidó está compuesta por 3.200 millones de dólares en activos líquidos y en cuentas, así como por USD8.000 millones en inmuebles para un total de 11.200 millones de dólares que su equipo logró extraer del dominio jurídico del Estado controlado por Maduro y ponerlos bajo resguardo de la jurisprudencia estadounidense, que le otorgó autoridad y titularidad provisional al equipo del “presidente encargado” para administrar esos fondos, sumados a los 15.000 millones de dólares en valor de mercado que posee la filial productora y refinadora de petróleo y gasolina de PDVSA en Texas, Citgo Petroleum Corporation.

Asimismo, el Departamento de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) suministró en septiembre de 2019 un financiamiento de 52 millones de dólares al gobierno de Guaidó como presupuesto operativo para los gastos de ejecución y administración del proyecto transicional del líder opositor, lo que suma USD11.252 millones (USD11.252.000.000) en la arquitectura financiera de ese gobierno interino de facto.

Pero el saldo bancario de esa corporación política montada por Guaidó no llega hasta ahí. En febrero pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital con un monto máximo de $80 millones. Esos fondos están depositados en las cuentas bancarias de Guaidó en el sistema financiero estadounidense y administradas también por el equipo de la junta directiva paralela (ad hoc) del Banco Central de Venezuela designada por el líder opositor, un grupo de economistas radicados en el exterior con control de las cuentas que EE UU ha puesto a disposición del “Gobierno Encargado” para guardar los fondos que el Departamento de Estado estadounidense envía a Guaidó.

A eso se le suman los 342 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de EE UU decidió congelar, extraer y transferir hace días desde la cuenta de PDVSA y del régimen de Maduro en Citibank -un banco estadounidense de los más grandes del mundo- hasta la cuenta matriz de la Reserva Federal (Banco Central) de EE UU.

Entonces, los fondos del presidente paralelo y su círculo cercano de aliados (diputados, colaboradores, hombres de confianza) se distribuyen entre 3.200 millones de dólares en activos líquidos y en cuentas, USD8.000 millones en inmuebles, 15.000 millones de dólares en valor de mercado de la empresa Citgo, 52 millones de dólares de la USAID, $80 millones del Fondo Venezuela enviados por el Departamento de Estado mediante su agente Eliott Abrams y $342 millones transferidos del Citibank a la Reserva Federal. Esto genera un total de 26 mil 674 millones (USD 26.674.000.000) de dólares que Guaidó posee bajo su control con auditoría y administración parcial del Gobierno de EE UU.

¿Falta de transparencia?

Ese enorme stock de capitales abarca el 6% del valor y el tamaño total de la economía (PIB, producto interno bruto) de Venezuela, estimado en unos 400.000 millones de dólares. Es decir, Guaidó tiene en su poder el 6% de todo el dinero que podría ayudar a una reconstrucción y recuperación inicial de la deteriorada economía del país.

Sin embargo, el político de centro-izquierda no ha estructurado políticas o programas de ayuda socioeconómica a una población cuyo 80% se encuentra sumido en la pobreza de ingresos, el 51% en pobreza extrema (según la encuesta nacional Encovi) y con una tasa de desempleo del 35%. No fue sino hasta el pasado 20 de abril cuando Guaidó anunció que destinaría el 0,01% de los fondos de su “gobierno” (más de 26.000 millones de dólares) para otorgar un subsidio de 100 dólares a cada médico y trabajador sanitario del país ante la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus.

Pero la polémica surgió ayer, jueves 23 de abril, con un reporte publicado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) en el que se revela que, presuntamente, la Asamblea Nacional aprobó en secreto (reunida con Guaidó en su edificio residencial en Caracas) un salario mensual para los diputados de la oposición venezolana de 5.000 dólares mediante el Fondo Venezolano de Liberación, compuesto por 80 millones de dólares.

Además, fuentes ligadas a Guaidó le comentaron a AP que con ese monto los diputados deben cubrir “los gastos de oficina o los gastos de su personal”.

El pago mensual de 5.000 dólares se otorgaría mediante los 13,6 millones de dólares que la Asamblea Nacional aprobó del Fondo Especial Venezuela de 80 millones de dólares confiscados y extraídos de las cuentas del régimen de Maduro en bancos internacionales, quien a su vez posee fondos de la venta de petróleo en cuentas del Estado venezolano en Portugal, Inglaterra, Suiza y EE UU.

Esto corresponde al 17% del total de esa suma. Otro 45% se destinará para paliar la crisis humanitaria, que incluye el pago de 100 dólares al sector salud. En los últimos cinco años, señalaron las fuentes, los diputados devengaron poco más de 1.000 dólares por mes. Es una suma bastante inferior con respecto a los parlamentarios de otros países de la región, según el reporte de AP.

Unas horas después, el “Gobierno Interino” de Guaidó se pronunció mediante un comunicado emitido por el Centro de Comunicación Nacional, su equipo de prensa, en el que desmiente y califica como “falso” que se haya aprobado un sueldo de 5.000 dólares mensuales para los diputados y que solo está aprobado y en vigencia el fondo de 80 millones de dólares enviado por EE UU para el funcionamiento del Parlamento venezolano.

No obstante, las cifras y registros financieros indican claramente que el patrimonio de Guaidó y su equipo político superan los 26 mil millones de dólares, fondos que en ningún momento han sido mencionados, escrutados o auditados en su administración y uso por parte del contralor especial que el propio Guaidó designó en febrero de este año; el abogado Juan Pablo Soteldo, tras la renuncia de su anterior procurador, el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, académico de la Universidad Central de Venezuela, por desacuerdos y discrepancias con la administración financiera del presupuesto que EE UU le suministra a Guaidó en el marco de su proyecto político hacia una transición de poder en el país.

A todo el erario de dinero público proveniente de las arcas fiscales de EE UU y de empresas propiedad del Estado venezolano, como Citgo, sobre cuya administración no ha rendido cuentas al líder opositor desde que la Casa Blanca las congeló con sus respectivos activos en su jurisdicción como sanción al régimen de Maduro y le concedió la titularidad provisional, se le agrega la administración con la que Guaidó y su equipo también se hicieron en la empresa Monómeros de Venezuela SA, una compañía productora de derivados químicos del petróleo domiciliada en Colombia y de la cual poseen control sobre el 47% de sus acciones.

Desbalance entre la política y la sociedad

En un contexto donde el 50% de la población venezolana percibe un salario mínimo devaluado en bolívares –la moneda nacional– y equivalente a solo 1,5 dólares al mes, el llamado Gobierno Encargado no ha destinado su presupuesto de dudosa administración y procedencia para financiar, atender y mitigar la crisis socioeconómica que ha destruido el tejido social venezolano creando un ciclo indefinido de pobreza, miseria y desgaste social sin parangón.

Se trata de una dinámica política en la cual el régimen de Maduro ha concentrado un patrimonio de más de 300.000 millones de dólares del Estado venezolano desviado a estructuras financieras fuera del país (según informes de inteligencia de EE UU), y el llamado gobierno de Guaidó ha acumulado una riqueza de más de 26.000 millones de dólares mientras la economía de Venezuela se hundirá un 15% al final de 2020 –según el Fondo Monetario Internacional– debido a su crisis interna de larga data y al devastador impacto económico de la pandemia del coronavirus, que tiene a toda la nación paralizada y en cuarentena. @mundiario