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MUNDIARIO

Veinte años después del nacimiento de la "Declaración de Barcelona"

Mas allá de su inviabilidad práctica, la “Declaración de Barcelona” quedará como una propuesta constructiva para quienes deseen buscar nuevas fórmulas de convivencia entre las identidades nacionales que conforman el actual Estado español.

Veinte años después del nacimiento de la "Declaración de Barcelona"
Pujol, Aznar y Duran en 1996 sellando el pacto del Majestic.
Pujol, Aznar y Duran en 1996 sellando el pacto del Majestic.

Suso Veiga

Profesor y columnista.

En este pasado mes de julio, se cumplieron veinte años de un hecho de especial relevancia. Efectivamente, en el verano de 1998, CiU, PNV y BNG acordaron actualizar las viejas alianzas de Galeusca y suscribieron la llamada “Declaración de Barcelona” en la que se apostaba por una reforma sustancial del texto constitucional o, en su defecto, por una nueva lectura de la “ley de leyes” que permitiera un mayor desarrollo del autogobierno en las tres naciones históricas reconocidas explícitamente en la Constitución de 1978.

En aquellos meses concurrieron un conjunto de circunstancias que alimentaban ciertas expectativas favorables a un cambio en la cultura política dominante en el ámbito del Estado español: el crecimiento espectacular experimentado por el BNG (segunda fuerza política en los comicios al Parlamento gallego del mes de Octubre de 1997), las buenas relaciones de Aznar –cuando hablaba catalán en la intimidad- con CiU y PNV y el inicio de una tregua de ETA acompañada de contactos con el gobierno del PP. Semejante contexto hizo posible, sin duda, el nacimiento de un novedoso acuerdo político que, formulado 20 años después de la aprobación de la Constitución española, ofrecía una ambiciosa propuesta de diálogo para promover una nueva cultura en el tratamiento de las cuestiones territoriales que podría facilitar un posterior cambio de la norma básica. En los primeros momentos, los documentos incorporados a la “Declaración de Barcelona” suscitaron un amplio interés en sectores significativos de la opinión pública de Euskadi, Catalunya, Galicia y también del resto del Estado.

Lamentablemente, la situación política varió radicalmente en pocos meses. La esperanza del final de la violencia en el País Vasco naufragó en el año 1999 y las elecciones generales del 2000 consagraron una mayoría absoluta aznarista que mudó totalmente el panorama político estatal: se abrió un período de fuerte ofensiva recentralizadora y de ruptura de casi todos los puentes de entendimiento del PP con las formaciones nacionalistas -CiU y PNV- que habían apoyado su investidura en el año 1996.

La doble coincidencia de la llegada de Pascual Maragall a la presidencia de la Generalitat y el triunfo imprevisto de Zapatero en marzo de 2004 -con su conocida apelación a la “España plural”- hicieron pensar en la viabilidad del camino postulado en la “Declaración de Barcelona”. La reforma del Estatut, promovida por la mayoría de las fuerzas políticas catalanas, parecía certificar la verosimilitud de tal pronóstico pero la sentencia del Tribunal Constitucional, por mor de un recurso presentado por el PP, representó una grave involución en ese proceso. En los años posteriores, como es sabido, el independentismo experimentó una subida muy fuerte en el seno del cuerpo social catalán y tal fenómeno incidió decisivamente en la dinámica política del resto del Estado.

Comparando la situación actual con la que existía hace dos décadas, las variaciones son muy visibles en la posición relativa que ocupan algunas de las fuerzas firmantes: CiU desapareció como tal y fue sustituida por un PDeCAT -o por JpC- que perdió parte de su espacio electoral en favor de ERC y el BNG disminuyó notablemente su fortaleza en las urnas. Además, existió otro cambio muy importante:la opción independentista adoptada por la antigua Convergencia hizo obsoleta, de facto, la propuesta de reconfiguración federal o confederal que contenía la Declaración de 1998.El PNV y el BNG postulan fórmulas específicas de construcción nacional que no concuerdan con la hoja de ruta -contenidos y plazos- que fue establecida por el independentismo catalán en el otoño de 2017. Diversas declaraciones realizadas por el lehendakari Urkullu en los últimos meses confirman la magnitud del distanciamiento operado entre organizaciones que disponen de una indiscutible incidencia social.

Mas allá de su inviabilidad práctica durante todo este tiempo, la “Declaración de Barcelona” quedará como una propuesta constructiva para quienes deseen buscar nuevas fórmulas de convivencia entre las identidades nacionales que conforman el actual Estado español. @mundiario