Valle de los Caídos, sanciones, banco de ADN: las claves de la Ley de Memoria Democrática

Protesta en defensa de las víctimas del franquismo. memoriahistoricamalaga.org
Protesta en defensa de las víctimas del franquismo. / memoriahistoricamalaga.org
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que prevé la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y que llevará a las Cortes Generales. 
Valle de los Caídos, sanciones, banco de ADN: las claves de la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática supera el primer reto: el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el texto definitivo que llevará a las Cortes Generales. La norma que prevé la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pretende actualizar la ley de Memoria Histórica de 2007 y recoge las recomendaciones de asociaciones de víctimas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el exrelator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff.

Estas son las claves del anteproyecto: 

Condena, repudio y enseñanza de la represión franquista

El exrelator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, ha lamentado que “algunos libros de texto” continúen refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. 

En ese sentido, la nueva norma establece que todos los contenidos curriculares de la memoria democrática deben estar ‘actualizados’ e incluidos en la educación en bachillerato, la ESO y la formación profesional.  

Además, se crearía un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca.

Día de las víctimas y nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas

El texto de la norma que será debatida en las Cortes declara injustas las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura. Se establece el 31 de octubre como día de las víctimas y el 8 de mayo como Día de las personas exiliadas. 

Asimismo, se considerarán nulas las “condenas y sanciones” impuestas por los tribunales franquistas (declarados ilegítimos en 2007), que habrían permitido juzgar a unas 30.224 personas -3.189 de estas condenadas a muerte- solo hasta finales de 1938, de acuerdo con El País. Se descarta expresamente la posibilidad de indemnizaciones. 

Fosas, censo y banco de ADN

El Estado español asumiría la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas con un plan cuatrienal. Para ello, apuesta por involucrar a todas las Administraciones y al ministerio fiscal en la localización y apertura de fosas. 

Se elaborará un censo oficial de víctimas, reuniendo información dispersa y dándole un carácter oficial a la cifra del episodio más trágico de la historia contemporánea española. 

La norma también da luz verde a la creación de un banco de ADN que permita a cada laboratorio cargar los perfiles genéticos de familiares y de los restos recuperados en las fosas. El objetivo: realizar cotejos e identificaciones de forma más ‘sencilla’. La ley contra la desmemoria además pretende facilitar el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta. 

Fiscal específico para impulsar investigaciones

El proyecto respalda la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de la figura de un fiscal específico para impulsar investigaciones. El anteproyecto establece que “el Estado garantizará el derecho a la investigación” y a conocer la verdad de las víctimas.

Asimismo, la ley permite realizar una auditoría e inventario de incautación de bienes de represaliados por parte del régimen franquista, pero no habrá responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Extinción de la Fundación Franco

El documento aprobado por el Gobierno considera contrario al interés general la apología y exaltación a la dictadura franquista o el enaltecimiento de sus dirigentes “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio”.

El principio de esta medida está basado en un informe del CGPJ aprobado el pasado junio, que cuestionaba la posibilidad de extinguir esta fundación al entender que “la exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos o reprobables” entraba “en el ámbito de protección de la libertad de expresión”, excepto cuando supusieran “una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”.

La ley contempla este último supuesto y propone que la institución sea ilegalizada al ser incompatible con la reparación a las víctimas de la represión franquista. 

Resignificación del Valle de los Caídos

El Ejecutivo no descarta demoler la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto franquista de 1957 “contrario a la Constitución”. El texto prevé la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto, que pasaría a control de Patrimonio Nacional para una "resignificación" del complejo. 

Multas de entre 200 y 150.000 euros

El documento aprobado por el Consejo de Ministros recoge sanciones por incumplimiento que van desde los 200 hasta los 150.000 euros, según la gravedad de la infracción: entre las sanciones “muy graves” destaca el traslado sin autorización de los restos de víctimas, destruir monumentos de homenaje o convocar actos que humillen a los represaliados y sus familias. No retirar los símbolos y los vestigios franquistas se considerarán infracción “grave”. 

 

Dos nuevos supuestos de nacionalidad 

El nuevo texto permitirá acceder a la nacionalidad española a los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y a los hijos mayores de edad de exiliados. 

Retirada de títulos nobiliarios y símbolos

Serán retirados los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura; y lo propio ocurrirá con los símbolos y distinciones. @mundiario 


 

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