¿Va a ser evitable el debate sobre el futuro de la monarquía como institución?

Es inevitable reconocer, y máxime tras el equívoco comunicado de la Casa del Rey sobre las actividades de Juan Carlos I y sus consecuencias, que se ha abierto la espita a un debate nacional pendiente desde el inicio de la transición. Y el mensaje de Felipe VI a los españoles no ha ayudado precisamente, por omisión, que no por acción, a confirmar que ese proceso antes o después será inevitable. Hemos visto a un rey abatido, sin pulso, sin convicción en su mensaje, consciente de que la institución que representa ha perdido gran parte de su credibilidad, no ya por culpa propia, sino por las trapacerías de su padre, sus comisiones y sus operaciones en paraísos fiscales, el ilícito origen de su fortuna (1.700 millones de euros, según The New York Times y Forbes)  y su insolidaria y delictiva actuación como contribuyente.

Resurge un debate nacional que estaba pendiente desde que en la transición Suárez --como luego reveló-- se negó a reconocerlo, porque sabía que el resultado podría serle adverso. El rey Felipe VI reunió este miércoles 14.613.000 espectadores con su discurso sobre el coronavirus entre todas las cadenas que lo emitieron a las 21.00. Lo vio un 70,3% de la audiencia. Pero las redes sociales reflejan que la mayoría de los españoles esperaban que tuviera al valor de decir algo al respecto, de afrontar el Estado por el que pasa la propia institución que encarna.

Preguntas sin respuesta

Pero hay dos preguntas que se hace la gente: la primera, si según el propio comunicado de su casa, el Rey supo hace un año de las andanzas de su padre, ¿por qué no se tomaron medidas entonces como las que ahora se anuncian? ¿Y por qué no se le retiró la soldada cuando el rey honorífico dejó de prestar funciones institucionales, aunque fueran delegadas? Y sobre este asunto, sobrevuela que las comisiones y andanzas financieras de Juan Carlos I eran cosa vieja y conocida. Y sobre todo, sus generosos regalos a sus amigas.

Las memorias del testaferro de Juan Carlos.

Es cosa vieja que Juan Carlos obtenía desde antiguo una comisión derivada del suministro de petróleo a España (de 1 a 2 dólares por barril) y lo confirmaría en 2014 con pruebas indiscutibles, el catedrático de Economía Roberto Centeno, al tiempo que se refería al papel en este asunto de Corinna y su testaferro, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Éste, ya fallido, trató de distanciarse de este asunto y destaca “otros servicios” al Estado, en su libro de memorias titulado “Una lealtad real” (Alfaguara, 2018). Centeno hizo cálculos de cuanto se llevaba el rey Juan Carlos, información que él conocía porque era precisamente el encargado de pagar los suministros por su responsabilidad en CAMPSA. Debido a la “intermediación” de Manuel Prado y Colón de Carvajal, España pagaba el petróleo más caro, que el que se podían obtener de otros productores como Kuwait. Según Centeno había sobre coste por la intermediación del edecán de Juan Carlos, y hacerlo directamente por el Estado. “Las comisiones podían oscilar entre 1 y 2 dólares por barril”. Un petrolero de 200.000 toneladas dejaba a Juan Carlos y a su testaferro un beneficio de 2 millones de dólares del año 1979. Centeno reveló que el tal Prado se metió en medio de otras operaciones que España tenía concertadas para adquirir petróleo más barato en Kuwait, gracias a la gestión del embajador español en aquel país Fernando Schwartz, quien consigo un cargamento de 150.000 toneladas, al cual le iban a seguir otros a precio de mercado, sin comisiones.

Una práctica habitual en paraísos fiscales

Sobre estos antecedentes no de extrañar la práctica de Juan Carlos en negocios internaciones, fundaciones y paraísos fiscales. La Casa del Rey ha hecho un flaco favor a la monarquía, cuando se confirma que esperó un año para admitir que había recibido información vinculada a la Fundación Lucum el 5 de marzo de 2019, a través de una misiva del despacho de abogados Kobre&Kim (Reino Unido). La entidad, creada en Panamá, se encuentra bajo sospecha del fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa por haber recibido un supuesto "regalo" de 100 millones de euros del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Los datos recibidos llevaron al rey de España a anunciar públicamente su intención de renunciar a la herencia de su padre (sin efecto alguno) y al resto de las renuncias y retirada de la soldada a su padre.

En medio de esta historia, las evidencias y las denuncias se entrecruzan. Corinna declara haber sido amenazada por Juan Carlos y presionada por el CNI (con cuyo jefe entonces, Félix Roldán se entrevistó). El bufete de abogados contratado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein intercambió varias cartas con la Casa del Rey y avisó de que Juan Carlos I había acudido a Londres, con cobertura del CNI para reunirse con la empresaria alemana días después de que Felipe VI tuviera conocimiento de su designación como beneficiario de una fundación investigada en Suiza. La empresaria ya había denunciado ante notario que el 5 de mayo de 2012, en The Connaught Hotel, el propio exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán le "amenazó a ella y a sus hijos para que no hablara con los medios". Roldán lo negó.

Corinna es un riesgo para Juan Carlos I.

Felipe VI compareció ante notario para protocolarizar la renuncia con los apañes de su padre. El 12 de abril de 2019 dejó constancia de que había dirigido una carta a Juan Carlos I "a fin de que, si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum", dejaría sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad".

Nula renuncia a la herencia

Estamos ante un escándalo internacional de incuestionable envergadura. Los datos del enredo son suficientemente graves como para que la tardía, y en su caso nula renuncia a la herencia, haya dejado a la institución seriamente tocada. Tampoco ayudan a la credibilidad de la institución, las otras medidas sólo un día después de que The Telegraph destapara que el rey era beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre en 2008 para recibir una donación millonaria de Arabia Saudí. Pero es que una semana antes, Tribune de Genève informaba que la Fiscalía suiza seguía el rastro de una donación de 89,7 millones que supuestamente recibió en 2012 Juan Carlos I del entonces rey saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. De ese dinero, 65 millones habrían ido a parar a la cuenta de Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein). Por lo visto para su hijo, que considera a Juan Carlos como un padre.

La fiscalía anticorrupción

5 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pedía a la Justicia helvética los detalles de la investigación de esa supuesta donación millonaria, de 100 millones de Arabia Saudí consecuencia de las diligencias por un presunto delito de cohecho internacional por la adjudicación a España del contrato para la construcción del también llamado AVE del desierto.

Conviene recordar que el PSOE y los demás partidos de la Derecha y el centro se han negado a abrir una investigación en el Congreso, pero una parte de la opinión pública, en las redes se está manifestando en contra de la Monarquía o exigen al menos una explicación más convincente, cuando no directamente un referéndum sobre monarquía o república.

Cuando se impidió el debate

Es oportuno recordar ahora el modo contundente en que en la transición se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación.

La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ésta fue la herramienta decisiva, además de la autocensura o la complicidad, para silenciar a los medios de comunicación, para evitar un debate nacional real y plantear la posibilidad de un referéndum que otra emerge entre los españoles.

Pero ese debate ha resurgido. Y el propio rey honorífico lo ha provocado. @mundiario