Buscar

MUNDIARIO

Urge una cosecha de buenas nueces, sin temor al ruido

Este Gobierno habrá debido concretar, en menos de tres meses, si la “demanda social” se ha de atener a la LOMCE o a las necesidades de los ciudadanos.

Urge una cosecha de buenas nueces, sin temor al ruido
LOMCE.
LOMCE.

Firma

Manuel Menor

Manuel Menor

El autor, MANUEL MENOR, es analista de educación de MUNDIARIO. Licenciado en Historia y doctor en Pedagogía, ha enseñado Ciencias Sociales en Secundaria. @mundiario

Es un problema que arrastra el mucho ruido: pocas nueces. Pocas  sanas, claro, que son las que menos ruido hacen. Insano es a estas alturas, por ejemplo, el sistema de oposiciones que, una vez más, fue puesto en marcha este verano para empezar a cubrir el déficit de profesorado. Los resultados no se corresponden con las expectativas ni, sobre todo, con el proceso seguido. “Escabechina” y frustración son los términos con que se ha reflejado en la prensa. La opacidad de criterios de evaluación y la indefinición de perfiles docentes que se deseaban parece que buscaran la indiferencia de los sometidos a esa criba penitenciaria. Pronto volverá a invocarse el sacrosanto MIR educativo a modo de talismán mágico y que así, sin debate de lo que deba ser la formación sólida del profesorado y su correspondiente carrera profesional bajo pautas normalizadas en un Estatuto de la Función Docente, desaparezcan los problemas. Pero las culpabilidades de la dejación, sus vergüenzas y destrozos, seguirán alcanzando al trabajo en las aulas.

La prueba de que no interesan las nueces y sí el ruido la pone el matraqueo que vuelve, tan antiguo como el sistema de enseñanza, a recordar su inamovilidad previa a 1857. Es la herencia que pretende cronificar la LOMCE como expresión “mejor” del artículo 27CE aunando presencia excesiva de la Religión en el currículum, segregación de alumnos y alumnas en colegios que reciben recursos públicos, erección de centros educativos en nombre de una particular “demanda social” exclusiva, mientras –en paralelo- la red pública se ha hecho más subsidiaria de la privada y concertada. Esa tradición de antes de la Ley Moyano, que sitúa al 68% del alumnado en una categoría alejada de lo que exige el derecho universal de la educación  -y como nicho propicio para ampliar su rentable privatización-, vuelve explícita al debate político para seguir condicionando el sistema educativo y sus baremos de cualificación intrínseca. Esa historia, tan conocida como obviada, es la analizada en El artículo 27 de la Constitución: Cuaderno de quejas (Madrid: Morata, 2018).

Demanda social

Ha bastado con que Isabel Celáa anunciara que planea modificar el artículo 109.2 de la LOMCE para retomar uno de esos ingredientes –el de la supuesta “demanda social” en que apoya su crecimiento la enseñanza concertada, con sus criterios e idearios privados-, para que se suscitara la “sorpresa, preocupación e indignación” de la patronal de las Escuelas Católicas. Lo sostenido en el boletín de esta organización durante años nunca lo hiciera sospechar. Tampoco, las palabras del entorno ministerial, donde aseguran defender a la concertada. Y regresan los tópicos que, en el siglo XIX, llenaron las Actas del Congreso de los Diputados –más después de la encíclica Divini illius  Magistri-, que tan bien estudió Yvonne Turin. La prensa adicta reanuda aquellas manidas cantilenas de la “libertad de elección de centro” por parte de las familias y “la calidad educativa”, indiferente a la gran diversidad de medios que existe -incluso de unos a otros centros en la misma red- para atender a que los niños y niñas nunca empiezan de cero -en estricta igualdad entre unos y otros- sin hándicaps ni grietas socioeconómicas diferenciales, ajenos al capital cultural concomitante. El tercio de niños en riesgo de exclusión –que de vez en cuando suscita atención, porque  Cáritas o Save the Children los mencionan- ¿a quién corresponden escolarmente?

El balance de éxito de las expectativas que el nuevo Gobierno ha abierto exige más que gestos verbales antes del nuevo curso. No residirá en que todo cambie para que –como planteaba el “pacto educativo” de Méndez de Vigo- todo continúe igual. Para que el sistema público esté bien dotado y resulte atractivo, el equipo de Celáa tendrá que definir, antes de que se cumplan los 100 días de su toma de posesión, si corta privilegios y desidias y reparte las cargas en igualdad. De no hacerlo, este cambio, espantado por el fuerte ruido, ni llegará a mantra. @mundiario