España: Una reforma local que justifica el inmovilismo constitucional
El presidente del Gobierno españo, Mariano Rajoy.
La polémica reforma de la Administración local promovida por el Gobierno de Rajoy llega en un momento no exento de dificultades para gestionar el día a día de las entidades municipales. Ahora el discurso neoliberal es repetitivo con la idea de compartir servicios y las diputaciones aparecen como las grandes beneficiadas del proceso; pero estas medidas, adoptadas en aras la austeridad, esconden tras de sí un esquema inmovilista en lo que se refiere a la organización territorial, basado en la reiterada negativa gubernamental para afrontar una reforma de la Constitución, que se plantea como necesaria y que, desde hace tiempo, es reclamada al unísono por las distintas fuerzas políticas de la oposición. Al menos en este aspecto todos los partidos están de acuerdo, aunque con matices.
Tengo serias dudas sobre la importancia real -y funcional- de las diputaciones provinciales. De pronto se reabre el debate acerca del papel de estos organismos, históricamente cuestionado por los partidarios del modelo federal y la organización comarcal, ambos concebidos como esquemas administrativos progresistas. No hay que olvidar que las entidades provinciales se caracterizan por una gestión presupuestaria obsoleta, con dependencias estructurales, clientelismos múltiples, urbanismo no planificado, escasa inversión en recursos humanos y una dimensión política decimonónica y minifundista.
Como consecuencia de esta reforma, el Gobierno eliminará las 1.482 mancomunidades que existen en España, en medio de una dura batalla por acabar con las funciones duplicadas entre las tres administraciones (local, autonómica y central). Lo único positivo que encuentro en este anteproyecto de ley, redactado en aras de "la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", es que incorpora la prohibición de crear nuevas empresas públicas –que con el tiempo se han convertido en Administraciones paralelas- y que determinadas competencias de los ayuntamientos, como Educación y Sanidad, sean traspasadas a las comunidades autónomas, con la finalidad de evitar duplicidades.
Es necesaria, pues, una redefinición territorial basada en grandes consensos, que aúne voluntades políticas y que permita avanzar en la modernización de España, sin miedo al tabú de la reforma constitucional.
