La UCO remite un nuevo informe para ratificar sus sospechas hacia Cristina Cifuentes

La Guardia Civil ha enviado al juez Eloy Velasco una segunda parte del documento en el que se presenta cómo Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, habría participado en las actividades que dieron con la adjudicación del contrato de comedor y cafetería a Arturo Fernández, propietario de Grupo Cantoblanco e imputado en el caso Púnica por haber sido uno de los inversores de la caja b del Partido Popular de Madrid. El escrito entró en la Audiencia Nacional el 28 de marzo de este año como una extensión del primero. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) analizan las declaraciones que les brindaron tres asesores y miembros de los comités de expertos que participaron en las licitaciones entre 2009 y 2011. Según eldiario.es, un auto del juez Velasco detectó "irregularidades penalmente relevantes" en la adjudicación avalada por Cifuentes.

Los agentes aseguran que "el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el primero de los informes "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". La UCO asegura que muchas de estas irregularidades eran del conocimiento de los miembros del comité de expertos que arbitró el concurso, incluida la misma Cifuentes. El texto asegura que este último hecho "ha podido acreditarse de manera indubitada" en uno de los temas de la adjudicación bajo sospecha.

Las confesiones que sirvieron para el análisis fueron las de María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, titular del Servicio Jurídico de la misma Cámara, e Isaac Arturo Zubiri, miembro de la asamblea en cuestión. Estos tres individuos fueron los que regularon el concurso junto a la entonces vicepresidenta del parlamento local y un grupo de asesores y el propio comité de expertos. La UCO asegura que durante las declaraciones hechas el 8 de marzo, los tres implicados se contradijeron entre sí tanto en las afirmaciones de los otros como en los "elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada". Los agentes aseguran que eso les lleva a pensar que hubo "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos" a fin de que los concursos para el comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 fueran ganados por Fernández.

"La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (punto en el que terminaba la jurisdicción del comité de expertos)", reza el documento. La unidad considera que esa supuesta irregularidad "es fácilmente apreciable en ambas licitaciones" pero especialmente en la de 2011. Justo en ese punto se asevera que el comité de expertos en el que estaba incluida Cifuentes no concedió un solo punto a la oferta enfilada por Clece SA bajo el pretexto de que ésta no había presentado de hecho ninguna propuesta, algo que es totalmente falso según los agentes. La acusación es rematada con la aseveración de que Cifuentes estaba al tanto de ello.