Tsunami de confusión política sobre el conflicto catalán

A cada hora que pasa crece la tormenta de confusión sobre un conflicto de nítida responsabilidad política y penal: la rebelión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el Estado español, que comenzó el día 8 del pasado mes de septiembre, cuando el Parlamento catalán aprobó la llamada Ley Fundacional de la República y de Transitoriedad.

El misil sorteó las obturadas baterías de la Ley y estalló en la línea de flotación de la unidad de España, pero los guardianes del orden constitucional debieron creer que se trataba de un accidente climatológico, y el Gobierno de Rajoy reaccionó, más o menos, como habría hecho su aliada de referencia y presunta consejera Ángela Merkel si uno de los dieciséis landers que conforman Alemania hubiera tomado el camino de la independencia. ¿Se imaginan a Merkel, a Macron o a cualquier otro primer mandatario de nuestro entorno deshojando en sus presidenciales aposentos la margarita de la duda ante una afrenta de ese calibre? Tuvo que ser el Rey Felipe VI quien compareciera, en un gesto que le encumbra, obligado por el clamor de la calle y el arrugamiento de La Moncloa, para exigir a los poderes del Estado que restablecieran cuanto antes el orden constitucional.

Lo sucedido en el último mes y medio –esperpéntica convocatoria del referéndum, dramática celebración del 1-O, declaración firmada en el Parlamento autonómico para la constitución de la República, etcétera– está en la mente de todos, a semejanza de una horda campante de la que unos huyen, otros la contemplan y los ‘podemistas’ antisistema la jalean y alimentan.

La decisión del Gobierno, titubeante y a duras penas consensuada con el PSOE, de aplicar el artículo 155 de la Constitución significó, al fin, un paso al frente para restablecer la legalidad. Pero, una vez iniciado el metódico procedimiento, surge ahora el ‘inconveniente’ de que Puigdemont decida convocar elecciones autonómicas, maniobra que para los aliados de Rajoy aparcaría sine die la intervención del Estado en Cataluña, y contingencia que el Gobierno solo se ha atrevido a descartar con la boca chica y no blandiendo la responsabilidad que le compete.

La pusilánime conducta de los partidos constitucionalistas, derramándose cálices unos encima de los otros, con el condimento de la probable actuación ‘estelar’ en el Senado del jefe chusquero de los independentistas, golpea con virulencia las columnas de la Constitución desde dentro del propio Estado. Nunca unos insurrectos encontraron tanta laxitud y complacencia en las filas que supuestamente defienden el orden establecido.

Va a resultar que Aznar tenía su parte de razón cuando, en su papel de general sin estrellas en su apartado cuartel de la FAES, propuso que Rajoy convocara elecciones generales, dada su inoperancia. Al ex presidente ni siquiera la importaba que, al menos para los suyos, fuera peor el remedio que la enfermedad.

Sirva de consuelo, en esta nueva hora cero, la frase de Otto von Bismarck (1815-1898): "España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido."