El Tribunal Supremo se opone unánimemente a indultar a los presos del 'procés'

Oriol Junqueras junto a Pere Aragones, presidente de la Generalitat, durante una salida de la cárcel. TW @junqueras
Oriol Junqueras junto a Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, durante un permiso penitenciario en 2021. / TW @junqueras
El Gobierno aboga por el indulto pero el TS no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la medida de gracia.
El Tribunal Supremo se opone unánimemente a indultar a los presos del 'procés'

El tribunal del procés ha rechazado por unanimidad la concesión de indultos a Oriol Junqueras y el resto de políticos independentistas condenados por el 'procés' al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia. Los 12 políticos fueron condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia.

La Sala Penal del Supremo destaca, además, no solo la falta de arrepentimiento de los penados, sino también su intención de reincidir, que han manifestado en distintas ocasiones. "No hay la más mínima prueba de arrepentimiento", dicen en su informe en el que, además, se reprocha la intención perseguida con la gracia, que es en definitiva que el Gobierno "corrija" una pretendida injusticia de la sentencia.

La Sala afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

El informe, ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, “la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados. La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.


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El tribunal destaca que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia. "Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía", subrayan los magistrados.

El informe cita a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual", subrayan los magistrados.

El dictamen cierra la tramitación de la medida de gracia solicitada que pasará ahora a manos del Gobierno. El criterio se suma al de la Fiscalía que, en la misma línea que el tribunal, indicó que las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión de los indultos solicitados. @mundiario

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