El Tribunal Supremo imputa un delito de prevaricación a Chaves y Griñán

Griñán y Chaves, ex dirigentes del PSOE. / TV
Griñán y Chaves.

Imputa a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías el delito de prevaricación administrativa.

El Tribunal Supremo imputa un delito de prevaricación a Chaves y Griñán

Imputa a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías el delito de prevaricación administrativa.

El Tribunal Supremo ha inculpado a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos del PSOE, en el fraude de los ERE. En ningún caso tendrán pena de cárcel.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro cree que hay indicios de prevaricación administrativa. Los mismos indicios ve contra los exconsejeros andaluces y diputados Zarrías y Viera. De los cinco ex altos cargos solo exculpa a la senadora Mar Moreno.

Ahora, la inculpación de Chaves obliga a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a pedir su escaño. La decisión judicial coincide también con una petición del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías para que se archive el caso. Pero en realidad no hará falta que Susana Díaz realice ninguna petición. Chaves, Zarrías y Viera renunciarán a sus escaños del Congreso tras ser imputados por los ERE, según anunció César Luena, del PSOE.

La investigación trata de averiguar los responsables y beneficiarios de subvenciones ​

 

En el caso de las ayudas irregulares ligadas a los ERE la investigación trata de averiguar los responsables y beneficiarios de subvenciones concedidas durante una década en Andalucía, donde por otra parte ha sido detenida la directora de la Alhambra por un caso de blanqueo. En su caso se investiga un concurso de alquiler de audioguías concedido en 2007 por el equipo de gestión encabezado por María del Mar Villafranca.

¿Qué es la prevaricación administrativa?
La prevaricación administrativa se produce cuando una autoridad o funcionario público, "a sabiendas de su injusticia", dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Este delito está castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, según el artículo 404 del Código Penal. Pero no implica en ningún caso pena de cárcel.

 

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