La trama del “iluminado religioso” que desató la crisis en el Gobierno Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. / @IdiazAyuso.
Un asesor sin cargo oficial desata la mayor tormenta interna del Gobierno madrileño en plena legislatura.

La política madrileña ha aprendido esta semana que el poder no siempre necesita despacho ni organigrama. A veces basta con influencia, lealtades tejidas con paciencia y una narrativa personal revestida de misión casi divina. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfrenta su mayor crisis interna a raíz del papel desempeñado por el dramaturgo Antonio Castillo Algarra, un asesor externo al que muchos describen como un “iluminado religioso” y que, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, recibió más de 75.000 euros en contratos para sus obras teatrales desde 2020.

Durante años, Algarra operó en la periferia del poder formal, pero en el centro de las decisiones estratégicas en educación y cultura. Sin cargo oficial en el Ejecutivo autonómico, logró colocar a perfiles de su entorno en posiciones clave dentro del Gobierno y del grupo parlamentario del PP. El caso estalló tras el cese fulminante del consejero de Educación, Emilio Viciana, considerado su alfil más influyente. A partir de ahí, se sucedieron dimisiones y destituciones que dejaron al descubierto una red de afinidades más fuerte que la disciplina orgánica.

Los contratos, todos ellos tramitados como menores —por debajo del umbral que obliga a concurso público—, financiaron distintas producciones teatrales de la empresa de Algarra, For the Fun of It. Desde una primera representación en San Lorenzo de El Escorial en 2020 hasta la adaptación musical Más acá de los romances, centrada en la figura de Ramón Menéndez Pidal, las cifras se acumularon hasta superar los 75.000 euros. Una cantidad que, aunque legalmente fragmentada, adquiere otra dimensión cuando se observa el conjunto.

A ello se suma su papel en la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, iniciativa que él mismo ideó y que defendió públicamente el consejero de Cultura, Mariano de Paco, como un proyecto concebido “de manera altruista”. Sin embargo, el propio Algarra dimitió esta semana como director artístico del ballet tras las críticas internas y la salida de su primer director, Jesús Carmona, en medio de acusaciones de injerencia.

El poder sin cargo: influencia, fe y relato épico

Quienes lo conocen describen a Algarra como un hombre de fuerte convicción ideológica y profunda religiosidad. Su discurso mezcla cultura, fe y misión pedagógica. Él mismo ha relatado su trayectoria como una epopeya personal, desde su academia de refuerzo escolar hasta su cercanía con la presidenta. En redes sociales, la complicidad entre ambos quedó patente años atrás, cuando Ayuso lo elogió públicamente.

Ese relato casi místico alimentó su ascendencia sobre un grupo de jóvenes cuadros políticos formados en su entorno académico. Varios de ellos terminaron ocupando direcciones generales y escaños en la Asamblea. En los pasillos de la Puerta del Sol, se les apodaba “los pocholos” por su estética homogénea y su cohesión interna. Cuando llegó el momento de elegir entre la lealtad institucional y la personal, optaron por marcharse con quien consideraban su mentor.

El episodio revela un fenómeno recurrente en la política contemporánea: la existencia de círculos informales de poder que operan paralelos a las estructuras oficiales. Pero en este caso, el componente religioso y la teatralidad del personaje añaden un matiz inquietante. Según testimonios de quienes trabajaron en el ballet, Algarra no solo intervenía en decisiones artísticas, sino que lideraba rezos colectivos tras las funciones, desdibujando la frontera entre proyecto cultural y experiencia espiritual.

Contratos menores, grandes preguntas

Desde el punto de vista jurídico, los contratos menores son una herramienta legal prevista para agilizar la contratación pública en importes reducidos. Sin embargo, cuando se repiten con un mismo beneficiario y en áreas bajo influencia política indirecta, la percepción pública cambia. La oposición ha cuestionado no solo la legalidad —que hasta ahora no ha sido impugnada—, sino la ética y la oportunidad política de estos encargos.

La crisis ha dejado expuesta una tensión interna entre la autoridad de la presidenta y la autonomía de sus colaboradores. También ha puesto sobre la mesa el debate sobre la transparencia en la gestión cultural y educativa. La imagen de un asesor sin experiencia en gestión pública marcando el rumbo de políticas estratégicas resulta difícil de digerir incluso para parte del electorado conservador. @mundiario