Torra responde a la querella de la Fiscalía

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. / RR SS.
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. / RR SS.

El presidente de la Generalitat advierte que “llevaremos el caso hasta donde sea necesario si el Reino de España no quieren investigar los hechos”.

Torra responde a la querella de la Fiscalía

Quim Torra ha esperado apenas unas horas para contrarrestar la querella que le ha interpuesto la Fiscalía por desobediencia en relación con la polémica de los lazos amarillos. Respondió con otra querella contra la Junta Electoral Central (JEC) por un supuesto delito de prevaricación. Tras recibir la denuncia del Ministerio Público, el jefe del Ejecutivo catalán ha lamentado que “queda claro que la represión no se detiene”, que persiste la persecución política” y que España “es incapaz de tolerar la discrepancia política”.

Según ha advertido, “llevaremos el caso hasta donde sea necesario si el Reino de España no quiere investigar los hechos” y que se mantendrá “siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales”. Además, tal y como recoge La Vanguardia, ha querido reivindicar que “la libertad de expresión es un baluarte de la democracia”. En este sentido, ha asegurado que, “como en el caso del juicio al ‘proces’, no nos defendemos de nada sino que acusamos el Estado de su involución democrática”, ha justificado.

Entre los argumentos de la querella se establece que las resoluciones de la JEC en este caso “distan mucho ser ajustadas a derecho, siendo su contenido totalmente aleatorio y arbitrario”, sostiene. La defensa de Torra alega que el contenido de las resoluciones de la autoridad electoral “se modifica en cada una de ellas, rompiendo, por lo tanto, la regla de exhaustividad que es necesaria en aquellos supuestos en los que, como aquí, se limitan los derechos fundamentales”.

La querella alerta que “se trata de una persecución política en toda regla y, esta vez, mediante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y de carácter eminentemente sancionador”. Además, la denuncia que firma el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, recrimina que se requiere a Torra “que lleve a cabo determinadas actuaciones de imposible cumplimiento, tales como la retirada de los lazos y estelades de edificios públicos que no dependen de su gestión”.

Pese a que esta el Síndic recomendó retirar la simbología, la defensa del president considera que “las resoluciones dictadas” por la autoridad electoral “distan mucho de ser acordes a derecho”, unas resoluciones que “se dictan en aras de buscar una neutralidad e igualdad en el sufragio, que no se aprecia en el trato que se está dando al actual gobierno de Catalunya, sino que, al contrario, parece que lo que se busca es el desprestigio del mismo a través de la censura previa a la que está siendo sometido”, afean. Por eso, considera el president en su querella que en la JEC eran “perfectamente conocedores de que dictaban una resolución no adecuada a derecho, y a sabiendas de que la misma resultaba imposible de acatar, decidieron adoptar tal decisión”, de ahí el supuesto delito de prevaricación que identifica.

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó una querella ante el Tribunal Supremo, en la que se señala que el president desatendió de forma “consciente y deliberada” el mandato de la JEC manteniendo los lazos y la simbología “en numerosas dependencias y establecimientos públicos, en una actuación “dirigida por él” aunque fuera de manera encubierta o simbólica. Unos “carteles, imágenes, figuras, fotografías, simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista, representativa de una parte de la sociedad”, subraya el fiscal. En su escrito, el Ministerio Público señala que el requerimiento dirigido a Torra era “claro y expreso” y que la negativa del President entraña una “especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política que debe ser especialmente tutelado y preservado”. @mundiario

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