Tolerancia del Gobierno y servicios secretos cubrieron a Juan Carlos I

La coincidente aparición de dos libros de coincidente contenido: “Al Servicio de su Majestad”. “La familia real y los espías. 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos”, de Fernando Rueda, y “El jefe de los espías”, “El archivo secreto del general Manglano, consejero del rey y director general del CESID, DEL 23-f a la caída del felipismo”, de Juan Fernández-Miranda y Javier Chivote, producen, tras su lectura, una sensación que oscila entre el estupor, la indignación y la repugnancia, al confirmarse que los servicios de inteligencia del Estado, en sus diversas fases, han dedicado gran parte de su actividad a proteger las aventuras de cama del rey honorífico, pagar a sus barraganas y hasta proporcionarle, todo con cargo a sus fondos reservados, un chalé donde llevar a cabo sus encuentros y aventuras extramatrimoniales. Pero eso no es lo peor, lo peor es el conocimiento e indiferencia de los diversos gobiernos, desde Felipe González a Rajoy, o el modo en que se enmascararon las evidencias que permitieron la impunidad de vidriosos personajes implicados en el intento de golpe de Estado del 23-F, del que quedan a día de hoy grandes lagunas sin aclarar. No se olvide que, tras el fracaso de aquella asonada, el propio rey pidió a los dirigentes de los partidos políticos que no pretendieran ir más allá del modo en que se resolvieron las responsabilidades conocidas.

Hay otro aspecto especialmente tenebroso que revelan ambas obras, el modo en que el propio Juan Carlos intervenía para que al frente del CESID o del CNI se colocara a persona de su gusto, y que sus sucesivos jefes despacharan directamente con él sobre los asuntos de su competencia, antes incluso que informar al Gobierno, a quienes estaban obligados por ley, y no al jefe del Estado que no tiene competencias propiamente ejecutivas. En el libro que recoge las memorias de Manglano, el rey honorífico se despacha en descalificaciones y juicios sobre los presidentes de Gobierno, de modo imprudente e impropio. En la obra que recoge los archivos de Manglano se da cuenta de que fue éste, fervoroso católico, quien personalmente busca y entrega a al rey las llaves del picadero que le había buscado el CESID, con cargo a sus fondos reservados.

En las dos obras se alude a los dos chantajes a que María García, conocida como “Bárbara Rey”, a quien Juan Carlos llamaba “La Pariente”, por su apellido artístico, llega a estar cobrando durante diez años una elevada cantidad de millones de pesetas al mes, hasta alcanzar la suma total, tras un pago inicial de 100 millones, de otros 500. Además, de un programa estrella y la televisión pública y en otra cadena. Esta manceba de Juan Carlos había instalado frente a la cama donde recibía al rey un sistema de grabaciones de sus encuentros, junto con una red de medios de grabación diversa por toda la casa. Como se recordará, cuando el CESID entra en su casa en busca de las pruebas de sus relaciones, llega a presentar una denuncia en comisaría por este asalto, y acusa al edecán privado de Juan Carlos –con quien ya negociara antes el pago de sus servicios—Prado y Colón de Carvajal de ser el responsable del asalto.

Todas cobraron del Estado

Pero es que todas las amigas de Juan Carlos cobraron a cuenta de los contribuyentes españoles, y hasta la discreta Marta Gayá recibió dos millones de euros. Por cierto, que en unas grabaciones ya conocidas, dice el honorifico que es la mujer con la que ha sido tan feliz. Pero el hombre esencial de cobertura a Juan Carlos será como ninguno el general Félix Sanz, amigo del rey (que hasta viaja a Abu Dabi para verlo y de paso vacunarse contra la COVID-19), mientras los españoles estábamos esperando turno) y que será determinante en las negociaciones con la última amante conocida, Corinna Larsen, con la que se entrevista en Londres con el mismo propósito de saber qué documentos pose peligrosos y taparle la boca para que no revele, sobre todo, no ya sus enredos de cama, sino lo que sabe de los negocios y comisiones del mal llamado rey emérito.

Pero, insisto, lo peor ya no es que los españoles hayamos estado financiado a las amantes de Juan Carlos, sino que los sucesivos gobiernos lo hayan tolerado, y sobre todo el modo chapucero en que se disolvieron las responsabilidades de agentes y destacados miembros de los servicios de inteligencia del Estado, cuyas responsabilidades quedaron impunes. Hay otros casos llamativos como a propia interferencia de Juan Carlos ante órganos judiciales del Estado para amparar a personajes que, de no ser por sus relaciones habrían acabado en la cárcel, o apenas pasaron en la misma unos días para cubrir las apariencias. Ciertamente, durante años, Juan Carlos bien podría decir aquello de “l'état, c'est moi”, o por lo menos, lo tengo a mi servicio.