¿Cabe una tercera vía para encajar la plurinacionalidad del Estado?

El autor propone una reforma constitucional basada en elementos confederales y federales asimétricos, que reconozca también un derecho a decidir condicionado a requisitos, mayorías y procedimientos constitucionalmente pactados.

La historia está plagada de casos que demuestran la inviabilidad de retener poblaciones y territorios que deciden mayoritariamente vivir su vida. Y oponerse siempre a que la ciudadanía decida (más aún, a que sea simplemente consultada) parece no tener mucho recorrido.

El futuro de la Unión Europea es el  de la soberanía compartida. Son tiempos para la gobernanza en red y para consensos amplios. Por lo  que puede existir una tercera vía, no para contentar a la ciudadanía catalana, sino para el mejor encaje de la plurinacionalidad española.

La base jurídica sería la actualización de las Disposiciones Adicional Primera y Transitoria Segunda de la Constitución. La primera  ampara los ordenamentos forales vasco y navarro. La segunda dispone el más amplio grado de autogobierno para Catalunya, Euskadi y Galicia. Se trataría de integrar las dos para romper el café para todos y reconocer a estos territorios, la Canarias por su condición ultraperiférica y a los demás que lo decidan exclusivas competencias sobre lengua, cultura, educación, Derecho Civil y régimen local, así como plenas potestades ejecutivas (Administración única), lo que exigiría la transferencia de competencias de economía y fomento básicas (puertos y aeropuertos de interés general, costas, salvamento marítimo, infraestructuras viarias y sistema ferroviario,policía de seguridad) y la recaudación tributaria, en un marco de autonomía y coordinación normativa que determinaría las aportaciones al Estado para compensar los servicios públicos que presta y dotar determinados Fondos de Solidaridad. Los demás territorios tendrían espacio para asumir este régimen, mediante referéndum, para mantener el régimen competencial actual o para devolver competencias (sanidad, educación, justicia) al Estado y/o a  desarrollar procesos de fusión entre sí.

El sistema habría  de cerrarse con una cláusula que permitiera el derecho a decidir de estos territorios, pero condicionado a plazos, procesos y mayorías que habrían de ser fijados constitucionalmente. Más o menos al sistema quebequòise.

Ésta tercera vía constituye un marco potencialmente asumíble para muchos. Por ello, necesitamos políticos de  perspectiva moderna y voluntad de servicio para desarrollarlo.