La vía republicana es una alternativa a las carencias del bipartidismo y la Corona
Crisis institucional y República en España. El autor desarrolla en este profundo análisis, en exclusiva para MUNDIARIO, el primer capítulo de un trabajo del que habrá una segunda parte.
La durísima recesión que sufre el Estado español desde hace casi seis años y la larga sucesión de escándalos de corrupción que afectan principalmente a los dos principales partidos (PP y PSOE) ha puesto de manifiesto la existencia en España de una profunda crisis institucional que afecta a muchos de los principios rectores del Estado nacido después de la Constitución de 1978.
Bipartidismo dinástico y “ocupación institucional”
La realidad, hoy día, es que los dos principales partidos españoles (PP y PSOE) han gobernado siempre, desde 1982, con sus respectivas mayorías absolutas o, en minoría mediante acuerdos parlamentarios y nunca con coaliciones de gobierno. Su hegemonía parlamentaria, amparada en una regla “D´Hondt” que desnaturaliza totalmente la teórica proporcionalidad del sistema, se hizo particularmente acusada en las elecciones de marzo de 2008, reducidas mediáticamente a un duelo a sangre y fuego entre el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy.
30 años de hegemonía bipartidista han contaminado todas las estructuras del Estado. Porque, si bien el artículo 8 de la Constitución dispone que la organización y funcionamiento de los partidos democráticos ha de ser democrático, en la práctica esta regla no rige para los partidos políticos españoles, singularmente PP y PSOE. Porque estas organizaciones se han ido convirtiendo en estructuras burocráticas dirigidas por el Presidente del Gobierno del Estado o el candidato a dicho cargo del principal partido de la oposición con el concurso de una pequeña élite de mandarines orgánicos, parcialmente compensada por estructuras territoriales semejantes en las naciones y regiones del Estado constituídas alrededor de los Presidentes autonómicos.
Estas elites son las que median y/o proporcionan el abundante empleo público a disposición de los dos principales partidos (asesores de alcaldes, Ministros y Consejeros autonómicos, personal de confianza, directivos de las empresas públicas…). También las que seleccionan los candidatos partidarios a las más altas Instituciones del Estado, elegidos por el Gobierno o en sede parlamentaria. Así, la hegemonía bipartidista del PP y PSOE elige en el Senado y en el Congreso los 20 vocales que gobiernan el Consejo General del Poder Judicial y 8 de los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional (otros 2 los elige dicho Consejo General y los otros 2 el propio Tribunal Constitucional). También elige a los miembros del Tribunal de Cuentas (responsables de la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos y de las Administraciones Públicas).
Naturalmente, el problema no es la elección parlamentaria de estas Instituciones, sino el perfil de los candidatos que se promocionan. Porque, en una inmensa mayoría de los casos, desde 1983 PP y PSOE eligen personas absolutamente fieles a sus respectivas direcciones orgánicas. No se priman los mejores “curriculums”, ni la capacidad de trabajo, crítica o análisis, sino la simple fidelidad a la dirección del aparato. Hasta el extremo de que la sustitución brusca de una Dirección orgánica por otra a consecuencia de un Congreso (como ocurrió con el PP de Galicia en 2006 o con el PSOE en 2000) supone la liquidación o jubilación, no siempre honrosa, de la “vieja guardia”.
Si a esta situación le añadimos que un politizado Consejo General del Poder Judicial es el que selecciona, entre los magistrados de carrera del Poder Judicial a los miembros del Tribunal Supremo y a los Presidentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y Audiencias Provinciales, podemos interpretar adecuadamente como un sistema judicial básicamente independiente por sus garantías y provisión de jueces y Magistrados, como el español, presenta grados inasumibles de contaminación partidista en su cúpula. Que es donde peor funciona y de donde emanan sus decisiones más controvertidas y,a la postre, socialmente desprestigiadas.
El bipartidismo, pues, ha contaminado casi todas las Instituciones y ha llegado a colonizarlas. Y este proceso no ha podido ser detectado o revertido por las propias Instituciones, toda vez las mismas que tenían que actuar de contrapoder o contrapeso se hallaban impedidas para ello por su propia colonización bipartidista.
La Corona no ha cumplido su función constitucional
Quedaba la Corona que, según el artº 56 de la Constitución, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado y arbitra y modera el funcionamiento regular de sus Instituciones. Pero la Corona no ha cumplido dicho cometido y se ha convertido en parte del problema y nunca de la solución.
El Rey Juan Carlos fue designado para suceder en la Jefatura del Estado al general Franco por el mismo dictador. Muchos piensan, sin embargo, que la ratificación popular de la Constitución de 1978 le atribuyó una legitimidad de origen . Pero lo cierto es que el Reino de España transitó a la democracia después de la muerte del general Franco (1975) “de la ley a la ley”, en palabras del preceptor del Rey y ministro franquista Torcuato Fernández-Miranda. La Ley que sirvió para verificar la transición fue la ley de Reforma Política, aprobada en 1976 como parte del cuerpo constitucional del Estado autoritario. Fue la propia Cámara franquista (de designación corporativa y no democrática ) la que dictó el proceso jurídico que permitiría el paso de la dictadura a la democracia. Ello determinó, desde luego, destacadas limitaciones a la voluntad popular. No se pudo cuestionar el papel del Ejército, dirigido integramente por los vencedores de la Guerra Civil, ni el de la Iglesia Católica (los Acuerdos que regulaban las relaciones con la Santa Sede se aprobaron, con rango de Tratado Internacional, el 4 de enero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, dando así un contenido previo y predeterminado a “las relaciones de cooperación entre los Poderes Públicos y la Iglesia Católica” previstas en el artº 16.3 de la Constitución como matiz a la aconfesionalidad estatal).
Y, claro, tampoco el de la Monarquía borbónica, instaurada y no restaurada (fue inaplicada la ley dinástica) por Franco.
El Rey, sin embargo, ganó muchos enteros en la consideración ciudadana por su presunta proactividad en la neutralización del golpe de estado del 23-F-1981. Sobre la verdad histórica de lo ocurrido en dicho día sobran las investigaciones y publicaciones recientes. Lo que nos interesa, a estos efectos, es que el Rey, a partir de marzo de 1981, se sintió cómodo con la reconducción del proceso democrático que se llevó a efecto desde el golpe fallido. Se sintió cómodo con la grave limitación al derecho de gallegos, catalanes y vascos a su autogobierno patente en la Lei de armonización autonómica (LOAPA) aprobada por el Gobierno de la UCD con el apoyo de la oposición del PSOE. Se sintió cómodo con la práctica liquidación de UCD y PCE en las elecciones de octubre de 1982. Se sintió cómodo con el bipartidismo instaurado desde 1982-1983.
Ejemplos hay varios. Cuando, en plena crisis de las Azores, Aznar se compromete con Bush y Blair a iniciar la guerra de Iraq (marzo de 2002), el conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición solicitaron una audiencia real para pedirle que se respetasen las competencias de las Cortes para aprobar la guerra. Pues bien, el Rey cortocircuitó esta petición recibiendo al jefe de la Oposición socialista, Rodríguez Zapatero, y escenificando que la Corona sólo valoraba en realidad a las fuerzas políticas que habían instaurado el turnismo bipartidista, tan grato a los Borbones desde 1876.
Un Rey monolingüe en una España plurinacional
El Rey, además, no ha sabido (o, directamente, no ha querido) conectar con la pluralidad nacional española, más allá de chapurrear dos frases en gallego-portugués con el portavoz del BNG cuando hay que proponer candidato a Presidente del Gobierno o un párrafo en catalán en sus discursos cuando visita el país mediterráneo. Pocos han hecho notar que el Rey veranea en Palma, una ciudad cuya lengua propia es el catalán y cuya población lo habla mayoritariamente. Pues bien, su desafección y la de su Familia para con la lengua propia de Mallorca y de las Illes Balears, en general, siempre ha sido patente. Cuando el veraneo de la Reina (única que ha ocupado Marivent este verano de 12013), le ha costado 2M€ al Govern.
Y es que el Rey poco ha hecho por ganarse la adhesión de catalanes, vascos y gallegos. En 2002, en San Millán de la Cogolla (Rioja) proclamó “urbi et orbe” que el castellano había ganado pacifica y merecidamente su rango de lengua común y presumía, contra toda evidencia científica, de más de mil años de su uso literario. Por otra parte, a lo largo de las 28 Navidades en las que nos ha hablado desde su Discurso de Navidad, el 100% de sus palabras ha sido en perfecto castellano. Nunca, a lo largo de dichas 28 salutaciones navideñas, se le ha ocurrido regalarnos a gallegos, catalanes (y valencianos y baleáricos) y vascos con un “bona nit”, “boa noite” o “zorionak”.
La ley no es igual para todos
Pero lo que ha hecho descender drásticamente la valoración ciudadana respecto del Rey y la Corona ha sido el escándalo judicial protagonizado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de su hija Cristina de Borbón. La ciudadanía opina mayoritariamente que la hija del Rey debería ser imputada, como lo está la esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín en Noos, teniendo en cuenta tanto los cargos directivos ostentados por Cristina de Borbón en dicho Instituto como el enriquecimiento sustancial y presuntamente ilícito obtenido por el matrimonio. Un enriquecimiento que ahora le permitirá a la hija del Rey llevar una vida de millonaria en Genêve, donde se ha establecido con sus hijos y esposo para huir de la presión mediática.
Y es que la presión de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) sobre el proceso Urdangarin ha sido muy evidente, elaborando y aportando a sede judicial sucesivos informes periciales absolutamente parciales y sólo dirigidos a salvar de la imputación a la Infanta. En este sentido, la parcialidad de la Agencia estatal sólo ha sido superada por un Ministerio Fiscal que se adhirió incondicionalmente al recurso de apelación presentado por Cristina de Borbón contra su imputación.
En cualquier caso, el affaire Urdangarin ha puesto el foco también en la inmensa fortuna de Juan Carlos de Borbón, generada a lo largo de sus 38 años de reinado y en la falta de transparencia de la sucesión hereditaria de su padre, que parece haber aportado al Rey un buen incremento de su patrimonio sin haber pagado los correspondientes impuestos.
¿Cuáles han sido los grandes negocios del Rey que han hecho convertirse en un hombre millonario a aquel que carecía de medios de fortuna?
Falta de transparencia y pretensión de impunidad
Al final, la característica más importante de la Corona y del entramado institucional que la ampara (PP, PSOE e instituciones “ocupadas”) es la falta de transparencia y un deje persistente de impunidad, como si este entramado institucional bipartidista, la Corona y las conexiones con las principales empresas del IBEX 35 (singularmente eléctricas y grandes constructoras) constituyesen el núcleo duro del Poder en el Estado español al margen de la voluntad ciudadana.
Por lo que, teniendo en cuenta la degradación económica e institucional, parece evidente que toca proceso constituyente, si bien la solidez de la mayoría absoluta del PP en las Cortes y muchos Parlamentos autonómicos, el hecho de que el PSOE comparta problema y no sea solución y la falta de vertebración sólida (por ahora) de alternativas políticas ajenas al bipartidismo permiten prever otros escenarios alternativos, si bien los procesos electorales de 2014 (europeas) y 2015 (locales y todas las autonómicas, menos las tres naciones y Andalucía) van a ahondar en este hundimiento bipartidista y van a hacer patente la necesidad de nuevas soluciones políticas a un sistema anticuado, corrupto y amortizado. Y como única fórmula de solución al problema, la necesidad de la solución republicana.
>> Avance de la segunda parte
Queda para una segunda parte de este trabajo el estudio de este posible cambio constituyente y, en concreto, qué tipo de transformación política podría generar el advenimiento de una posible forma de gobierno republicana. Si la República sería gallega, catalana o española. Federal, confederal o unitaria. República como forma de gobierno o como sistema de valores ciudadanos.
