¿Sustitución o destitución?

Margarita Robles. / elconfidencial.com
Margarita Robles. / elconfidencial.com

En tiempos inciertos, las palabras nunca suelen expresar bien lo que esté pasando: la metonimia no es la sinonimia, pero se usa mucho más.

¿Sustitución o destitución?

En las explicaciones de la ministra de Defensa acerca de lo acontecido a la responsable del CNI, “sustitución” sirvió de burladero  verbal para evadirse de otra acción seguramente más propia: “destitución”. En todos los puestos laborales, fueren los que fueren, casi todo el mundo ha visto de cerca alguna vez  el valor de uso que tienen ambos términos: no es lo mismo que a uno lo destituyan o que lo hayan sustituido, como tampoco es igual dimitir que destituir, la gimnasia y la magnesia, que solía decirse. Es decir, que no siempre lo que se dice es lo que ha sucedido; es conveniente leer entre líneas para enterarse algo de aquello que merezca la pena saberse un poco.

La supuesta transparencia indispensable en una democracia tiene muchos burladeros, y el marco conceptual en que se mueven y combinan sintácticamente las palabras, sigue siendo de los más frecuentados. Cuando lo que está en juego es el “Estado de Derecho” o las “razones de Estado”, el uso cambiado de las palabras suele acentuarse mucho y, casi siempre, en honor de lo segundo más que de lo primero. La radicalidad del “Estado de Derecho” -y más si se le añaden los adjetivos de “Estado Social” o “Estado de Bienestar”-, casi siempre tiene más vacíos e incumplimientos de lo que en buena semántica cabe entender; las exigencias jurídicas de los derechos ciudadanos que están en juego son mayores, y los posibles agravios a la estricta igualdad que supone incumplirlos también crece.

Es evidente, sin embargo, que las “razones de Estado” son siempre muy elásticas y que dependen en gran parte de coyunturas fluctuantes. La de nuestra Historia particular es muy peculiar; la tradición de libertad de expresión –implicada de lleno en todo esto- es corta, y su implantación jurídica última relativamente reciente. Por algo la humorada revista, La Codorniz, reclamaba desde su fundación en 1951, ser la “revista más audaz para el lector más inteligente”. Después de la “Cruzada”, hubo mucha gente ocupada en que  nadie se descarriara, oficializaron a rajatabla las “buenas lecturas” en las bibliotecas, y para que revistas y periódicos no fueran una golosa tentación los fiscalizaba, un trabajo de censores especializados que pasaría a ser función del Ministerio de Información y Turismo. Cuando en 1956 comenzó a emitir TVE, Rafael Arias Salgado,  ministro de ese Ministerio de la Verdad a la sazón, después de proclamar aquel 28 de octubre inaugurados los estudios y emisiones situando en primer plano las “razones de aquel Estado Nuevo”, todavía alargó hasta 1962 su modo de entender la libertad de expresión, “siempre para la verdad”, lo que, según escribe José Enrique Monterde, extendía su labor protectora –esto es, censora- “nada menos que a lograr la salvación espiritual de los súbditos españoles”, y “preservar aquellos valores morales, ideológicos y religiosos que se suponían inherentes a su ser”.

La ley de Prensa e Imprenta, con Manuel Fraga al frente, derogaría en 1966 –teóricamente- la de abril de 1938 y los dispositivos que tenía contra las “faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío de las normas dictadas”. Tan aleatoria fue, sin embargo, que siempre dependió de factores tan variados como ajustes de cuentas entre familias del régimen, negocios editoriales y la dureza represiva de estados de excepción como el de 1969, pues el art. 3 facultaba una muy elástica aplicación de la inspección censora. Todavía en 1974, sus anteojeras clasificaban a las editoriales según los “antecedentes” de sus responsables:  “conflictivos”, “algo conflictivos”, fuerte “desafecto”, “antecedentes favorables” o que “no tuvieran antecedentes”.

Venimos de esa tradición reciente, continuada por distintos artilugios y estratagemas, que se han de añadir a una larga tradición inquisitorial cuyo rastro llega, al menos, hasta la invención de la imprenta en 1450, a la que enseguida siguió la del previo Imprimatur. Traducido en hábitos culturales, este ha estado siempre presente y nunca ha sido fácil explicar la verdad a quien disienta de la “verdad oficial”; tras la libertad de expresión democrática sigue habiendo gente ofendida por que alguien cuente algo no coincidente con su verdad, por muy argumentado, documentado y contrastado que esté. Siempre hay tantos intereses en juego, que, a veces, la confusión que se genera es tal que no se sabe qué verdad tiene que prevalecer. En el actual mercadeo de las ideas que circulan por los medios, hay, incluso, múltiples invenciones de la verdad, disponibles para ser digeridas. Ocultan las cofradías y concepciones de vida  que las emiten, y tratan de colonizar las mentalidades e instaurar unos códigos, unas normas y una pedagogía en que sus puntos de vista sean los nuestros a la hora de tratar de explicar cómo se debe pensar y ver el mundo; suelen ser omnicomprensivas para que, infantilizados, entendamos mejor cuanto sucede en España, una de las palabras que más se oyen en los últimos tiempos.

Estado de la razón política

Algunos de los políticos más dicharacheros son seguidores de esta doctrina; no admiten la pluralidad y pretenden que les sigamos dócilmente. No importa que sea un error lo que digan; ya casi nadie sabe qué sea eso –y muchos fans incondicionales no lo aclaran-; tratan de guiar a sus seguidores por sentimientos cambiantes e imágenes que parezcan cuadrar a la realidad y, según la última encuesta del CIS, no tienen reparo en dejar de paso semillas de odio hacia sus adversarios. Esta tendencia de las narrativas ficcionarias que marcan la política actual va en aumento y, entre sus métodos, está el hacer volátil el valor de las palabras sustituyéndolas  por otras que hagan prevalecer la falsedad de las medias verdades. Es el juego en que está metida de lleno, por ejemplo, una política madrileña, muy valorada después de las elecciones del 4M de 2021, que imita a Trump, quien a su vez imitó las técnicas de Reagan o Thatcher y que, si se sigue el tracto genealógico, tiene precedentes en las mañas que condujeron a  Sócrates a tener que beber la cicuta. Según esta dirigente, “España tiene 2.000 años de Historia”, tesis a la que cualquier docente calificaría con un suspenso; y parece ahora, además, que en Madrid, acontece algo exclusivo: “no hay clases sociales”. Esta novedad interpretativa de la vida en esta ciudad y cuanto la sustenta -incluida la propia administración autonómica-, ha debido parecerle brillante para recordar a sus seguidores que, en la “libertad a la madrileña”, solo caben ellos; los demás ni existen, el insulto clásico en el “pandilleo” de todos los barrios, un modo de convivir a que parece aspirar.

El contrafactum político –además de literario- lo crea ella misma. En su afán demostrativo, entre los últimos grandes hitos está el de haber montado, por ejemplo, un sistema de becas para los colegios privados que expresa magníficamente su teoría: favoreciendo a los de arriba, ya no hay discriminación y reina la gran igualdad melancólica del Paraíso perdido. Cualquier chico o chica tiene “libertad” de acceder y pagar  estos centros y, por eso mismo, hasta Thomas Piketty entendería que en esta versión práctica de Capital e Ideología,  los tramos de la enseñanza pública, Educación Infantil y  Formación Profesional incluidos, deben tener menos recursos y medios.

La interacción entre lo que se dice y lo que se hace suele ser indicio de cordura 11o de esquizofrenia, según la concordancia.  Ahora bien, invisibilizar con las palabras, es una manera de hacer fraude; no cambia la bondad o la maldad de lo que vemos y sufrimos. No queda otra, por tanto, que estar atento a las tomaduras de pelo que el lingüista George Lakoff analizó con cuidado en 2004: No pienses en un elefante. @mundiario

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